El estado viola los derechos humanos cuando no respeta los preceptos consagrados en la Constitución, como el libre tránsito, libre expresión de las ideas, derecho a informar y ser informado, acceso a la justicia acompañado de un debido proceso y por supuesto el derecho a la vida y a ser considerado presunto inocente sin lanzar juicios a la ligera y así un sinnúmero de ellos.
Los derechos humanos van más allá de un escenario simple que el propio Estado ha hecho creer a la sociedad; su alcance va desde el respeto, la protección, la garantía del Estado para que se acaten y protejan y, por supuesto, la promoción de todos y cada uno de los derechos que como personas nos corresponde.
El poder público, entendido en los tres niveles de gobierno, está obligado al cumplimiento de garantizar el disfrute de los derechos humanos de cada persona con la creación de la maquinaria institucional para la adopción de medidas tendientes a la plena efectividad, con la instauración y adecuación de la infraestructura legal e institucional; se trata pues de una obligación progresiva del poder gubernamental.
Mediante este deber las autoridades deben proveer a las personas con los recursos materiales necesarios para que logren disfrutar de los derechos, siendo el objetivo asegurar el acceso a personas que de otra forma no podrían obtenerlo; así mismo debe satisfacer la garantía más allá de que existan o no las políticas, presupuestos, o normatividad específica para realizar el deber. Los alcances y las obligaciones van allá de una instancia como la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, donde su alcance es solo de recomendación.
Por lo tanto, no se trata de un deber meramente promocional, que quede en los discursos y en los spots de radio y televisión, sino que debe extenderse al desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos desde y para los derechos; situación que por supuesto no conviene a los gobernantes, pues se trata entonces de una sociedad conocedora, de cuando y como, se violan sus derechos humanos y por lo tanto más exigente y no cabizbaja o sometida a la fuerza del estado.
¡Si los ciudadanos supieran que una vez violados sus derechos humanos, existe la obligación del Estado de los deberes de verdad, justicia y reparación! En el caso, por ejemplo, de las desapariciones de personas, los familiares están defendidos por la Legislación para conocer la verdad, a tener acceso a instrumentos que le permitan hacer justicia y por supuesto tienen derecho a una reparación digna.
Luego entonces el estado viola los derechos humanos cuando no actúa, pero también cuando actúa. Un ejemplo claro es la utilización de la policía para quebrantar la libre expresión de las ideas como protestas o manifestaciones, o bien la no utilización de la policía para inhibir los hechos de violencia.
Lo anterior ocurre permanentemente en el estado de Veracruz, donde se violentan derechos humanos casi a diario, abusando del desconocimiento de los ciudadanos sobre el alcance de tales derechos que van más allá de instrumentos legales locales.
El pasado 01 de mayo, el gobierno estatal violó una vez más derechos humanos al impedir el libre tránsito, bloquear a ciudadanos para no permitirles el acceso a un desfile y poder expresar sus ideas o bien cuando en total violación a las normas locales, nacionales e internacionales hace uso del abuso de autoridad violando una garantía como es el acceso a una justicia pronta y expedita, y ni qué decir cuando hacen caso omiso de un debido proceso y violan todas y cada una de las etapas exhibiendo a quienes tienen un derecho a la presunción de inocencia.
Y vamos más allá cuando se le niega a una sociedad el derecho de estar bien informada, callando a periodistas o medios de comunicación, presionando con un convenio para amordazar a quienes están obligados a informar con la verdad, ello es hoy una realidad en Veracruz, donde el poder ejecutivo pareciera desconoce el costo político de las interminables violaciones a los derechos humanos.
Una persona a la que se le violan sus derechos humanos, está plenamente protegida por La Ley General de Víctimas, además, como ya lo citamos, de instrumentos y normas internacionales que obligan al estado y a los gobernantes que violan dichos preceptos a la reparación integral con medidas como Restitución, Rehabilitación, Compensación, Satisfacción y Garantías de no repetición.
El artículo 4 de la ley general de víctimas establece: “se denominarán víctimas directas aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” ¿así o más claro?

@magzamu