El inicio de este año ha traído al estado de Veracruz una serie de manifestaciones y protestas a lo largo y a lo ancho de la entidad, aunado a la cuesta de enero donde la situación económica se agravó aún más por la situación de una permanente inconformidad de la sociedad veracruzana.

En una breve síntesis sobre los hechos: En Jalcomulco los residentes bloquearon la carretera por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en la Cuenca de la Antigua. Por otro lado, campesinos de diferentes localidades de Acayucan tomaron la carretera en protesta por incumplimiento de las promesas de apoyo del Fonden desde 2008. “Ya no queremos más mentiras, queremos las obras, no podemos cosechar porque están intransitables los caminos”.

Pequeños y medianos empresarios de la entidad se oponen a la reforma hacendaria sobre la forma de pagar los impuestos, advirtieron el riesgo de despertar el México Bronco que anunciara Jesús Reyes Heroles sobre una nueva revolución.

El grave conflicto de los comerciantes en Córdoba en contra de las autoridades municipales. El plantón de cientos de campesinos en el palacio municipal de Minatitlán. Decenas de mujeres y niños salieron lastimados en Orizaba por el abuso de las fuerzas policiacas.

Para terminar este breve saldo: continúan las marchas de los maestros en Xalapa por el incumplimiento de compromisos pactados con el gobierno.

Por donde se mire el estado está descompuesto y se corre el riesgo de un estallido social si no atienden esta serie de demandas.
Y la gota que derramó el vaso, el asesinato del cantante Gibrán Martíz Díaz.

Cuestionan embutes en el IEV

Emilio Basilio de la Vega ha denunciado que la cuarta parte del elevado presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano es dedicado al pago de gratificaciones para los consejeros.
El representante del PAN ha pedido a la presidenta Carolina Viveros el desglose de más de 46 millones de pesos de gratificación que se pretende entregar. Aparte tienen 20 millones para pago de honorarios.

No dejan de pegarles

Si bien es cierto, no existe una buena relación entre los miembros del grupo de periodistas profesionales que laboran en la entidad veracruzana, existe por primera vez un consenso que ha unido a los reporteros en contra de la agrupación oficialista que supuestamente fue creada para la protección de las personas dedicadas al oficio de informar.

No hay día que algún columnista no le dedique un comentario negativo a esta comisión que preside la señora Rocío Ojeda Callado, donde lamentablemente los directivos carecen de autoridad profesional, ya que se desconoce que hayan laborado en algún medio de comunicación.

El motivo de esta nueva avalancha de críticas es sobre la organización de un “chayo-concurso” para premiar el mejor reportaje, cuando se cuestiona su capacidad periodística y como afirma un destacado reportero veracruzano “¿Cómo pueden estos señores convocar a un concurso de reportaje cuya médula espinal es la investigación, el beneficio colectivo con los casos expuestos y lo más importante la libertad de expresión para informar a la sociedad? Claro en su defensa los burócratas podrían alegar que ellos no calificarán los textos concursantes –y les asistiría la razón porque de reportajes no saben nada--, sino que los jurados serán periodistas del altiplano”.