Para el primero de enero del próximo año el sistema educativo del País se concentraría de manera total en la Ciudad de México y se crearían definitorias delegaciones federales en cada estado, lo que provocaría prácticamente la desaparición de las secretarías de Educación de los gobiernos estatales.
El control de escuelas por su número de aulas, las centenas de miles de plazas de maestros y el creciente personal administrativo dependería de manera integra a la Secretaría de Educación Pública. Se convertiría en la principal dependencia federal que supervisará y pagará a cerca de tres millones de personas que están dedicados al sistema educacional de la nación.
Con ello se terminarán los tenebrosos manejos de miles de aviadores y de comisionados, que tenían los gobiernos y los líderes sindicales de los estados. Con ello los eternos y corruptos cochupos de provincia perderían todo tipo de canonjías económicas y de prebendas de carácter político.
El presupuesto estatal que manejaban cientos de miles de millones dedicados al ramo educativo dejarían de llegar a las arcas de las secretarías de finanzas y con ello se terminaría el multimillonario desvío y la selectiva retención de los recursos públicos.
De golpe y porrazo el mexiquense Emilio Chuayffet se transformaría en el súpersecretario del gabinete de Enrique Peña Nieto, sería el funcionario que manejaría casi el 40 por ciento del presupuesto federal y, por ende, ejercería de manera real el verdadero dominio del poder político, que otorga el contar con la partida económica más importante del gobierno y el sindicato más numeroso de América Latina.
El secretario Adolfo Mota sería una figura decorativa de la administración estatal, dependiendo prácticamente del influyente y poderoso delegado federal, que sería la máxima autoridad dentro de esta área. El veracruzano que concentraría esa gran responsabilidad recae en Jorge Uscanga Escobar, quien tendría la supervisión directa de esa súper-secretaría.
Este final del obsceno dominio de los docentes veracruzanos por parte del Estado es el aspecto que pocos funcionarios habían valorado y, sobre todo, medido las repercusiones sobre la realidad de lo que entraña la reforma educativa, ahora resultará que los gobernadores podrían sumarse con muchas razones a las protestas de los maestros disidentes. al resultar los ejecutivos estatales entre los mexicanos más afectados.
La disminución sustancial de su presupuesto estatal y la perdida total del control magisterial, es un duro golpe en lo económico y en lo político difícil de reponer. Es solo el principio del arbitrario retorno del presidencialismo priísta que vuelve por sus fueros. Los prepotentes virreyes estatales dejaron de serlo… son nuevamente simples empleados del señor presidente.
El fondo político
Qué hay detrás de las acusaciones de la exalcaldesa de Alvarado, Sara Herrera, y del diputado local Raúl Zarrabal para que exista ese linchamiento mediático que obviamente está más que autorizado y tiene el visto bueno del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ambos políticos cuentan con el sello indeleble de la herradura del exgobernador Herrera Beltrán.
El trasfondo de la persecución del exsecretario de Comunicaciones es diferente al simple desvío de recursos públicos. El diputado Raúl Zarrabal conoce el destino final de esos 40 millones de pesos y su silencio es su virtual amparo judicial para no pisar ningún reclusorio, aunado a la anticipada protección del fuero.