Desde hace una semana el gobernador Javier Duarte de Ochoa instaló en Xalapa una mesa de negociación con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que aún mantienen su plantón en la ciudad de México en protesta por la reforma educativa.
Por intercesión del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el mandatario veracruzano accedió a recibir, atender y escuchar a los líderes del magisterio disidente, los cuales, según trascendió, llegaron con una actitud de perdonavidas y exigiendo al jefe del Ejecutivo estatal un poquito más que las perlas de la virgen.
Solo que Duarte de Ochoa no es igual de timorato ni blandengue que otros gobernadores que sin más ni más han cedido a todas las exigencias de la CNTE.
En Chiapas, por ejemplo, además de la puesta en marcha de un plan educativo alterno acorde a la realidad socio-cultural del estado y del respeto a los derechos históricos adquiridos por los maestros, la disidencia magisterial negociaba un pliego de demandas de las secciones 7 y 40 que incluía una bolsa de al menos 500 millones de pesos para infraestructura educativa.
En Oaxaca, el gobierno encabezado por el convergente Gabino Cué, accedió en septiembre pasado entregar 100 millones de pesos a los maestros de la Sección XXII de la CNTE en paro, para implementar un programa en beneficio de las Escuelas Normales. Solo que dicho acuerdo se hizo sin establecer reglas de operación o para medir la eficacia en el uso de los recursos destinados para el “Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Física, Académica, de las Tecnologías de la Información y comunicación y áreas sustantivas de las Escuelas Normales Públicas del Estado de Oaxaca”.
No es la primera irregularidad que el gobierno oaxaqueño comete con tal de complacer a la CNTE. En 2011, por ejemplo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) pagó ilegalmente más de 119 millones de pesos a 191 maestros por concepto de “prestaciones, bonos y comisiones” no autorizados, y financió sueldos de profesores que ocupaban cargos de elección popular en el estado, que “laboraban” en escuelas clausuradas y a otros que nunca pudo localizar, según arrojó una revisión que la Auditoría Superior de la Federación practicó al gasto del ejercicio fiscal antepasado.
De acuerdo con el documento final de fiscalización, la dependencia estatal a cargo de Manuel Antonio Iturribarría provocó un daño al erario de Oaxaca por 86 millones 298 mil 90 pesos, al realizar pagos no autorizados por la Secretaría de Educación Pública.
Entre los conceptos con los que el IEEPO intentó justificar esas erogaciones para el magisterio están: “Desempeño y Desarrollo Profesional”, “Compensación por apoyo a la Integración Educativa”, “Ayuda de Transporte”, “Desempeño de Educación Indígena”, “Apoyo a Supervisores y Jefes de Sector” y “Pago Pro-jubilación”. También por “Ayuda por Servicios”, “Eficiencia en el Trabajo”, “Redes SEP”, “Rezonificación Transitoria”, “Pago por las Asignaciones Destinadas al Personal de PAAE y Compensaciones a MMYS”, “Asignación de Apoyo a la Docencia”, “Homologado Transferido” y “UE Ayuda para Gastos Escolares”.
Oaxaca ocupa el primer lugar de analfabetismo a nivel nacional y el 54.2 por ciento de la población mayor de 15 años padece algún grado de rezago educativo, lo que no es casual cuando su gobierno ha tenido a bien destinar, según una reciente investigación periodística del diario capitalino Reforma, más de mil millones de pesos a la CNTE y otras organizaciones sociales para la realización de bloqueos, marchas, manifestaciones y paros, tanto en ese estado como en otras entidades, que obviamente incluyen Veracruz y la Ciudad de México.
Habrá que ver si Duarte de Ochoa se deja intimidar y termina cediendo, como los gobernadores de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, a los chantajes de la disidencia magisterial, cuyos radicales líderes entregaron al mandatario veracruzano un pliego con peticiones que en total sumarían alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. ¡Nomás!