De una manera dolosa se compara el estado de Veracruz en las estadísticas negativas como una entidad que ocupa los primeros lugares en endeudamiento, en hechos violentos, en carencia de programas sociales y en todo tipo que signifique atraso y olvido. Así como los últimos lugares en avances educativos o de salud.
Pero se olvida que es la entidad que ocupa el tercer lugar en población, no es lo mismo atender programas en Colima o Tlaxcala, que significan una cuarta o sexta parte de la demografía veracruzana. Es mala la comparación porque no es lo mismo, los problemas de una gran aldea con los de un elevado número de importantes ciudades.
Estados que concentran más del cincuenta por ciento en su ciudad capital, a diferencia del serio aprieto de Veracruz, que se trata de un gigantesco mosaico de muy diversas localidades, cada una con cientos de miles de habitantes que requieren de servicios de todo tipo.
Esto se nota como las capitales de estados como Puebla, Querétaro o San Luis Potosí, que si bien tienen un despegue espectacular, es debido a que en dichas urbes capitales se concentra el mayor número de habitantes.
En cambio para Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba, Poza Rica, o la zona conurbana de Veracruz-Boca del Río hay que dividir la inversión pública y obviamente no es lo mismo donde converge el dinero en un mismo sitio, cuando ese mismo capital se dispersa, y por lo tanto, se disemina. Las necesidades son diferentes, por lo que se deben guardar las debidas proporciones.

Burocracia organizada

Hace unos días, el diputado minatitleco, Flavino Ríos Alvarado, comentó sobre el crecimiento de las extorsiones por parte del crimen organizado en la entidad veracruzana. Es un delito que se ha puesto de moda, por el natural temor de los miembros de la sociedad de sufrir un atentado o un secuestro, a cambio de pagar una suma de dinero y con ello la supuesta “protección” de los diversos grupos que impunemente operan en el estado.
En variaciones sobre el mismo tema, existe en Veracruz un novedoso sistema de chantaje oficial que proviene de la alta burocracia veracruzana, la cual ha implantado un sistema sofisticado de extorsión, que es el pago de una cuota para todos aquellos jefes de oficina del Registro Público de la Propiedad. Los 23 funcionarios que ostentan esta actividad de servidores públicos, tienen que enviar mensualmente la cantidad mínima de ocho mil pesos al señor Manuel de León Maza, jefe de la Unidad de Administración de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es el ingeniero Gerardo Buganza Salmerón.
En un sobre amarillo bien sellado colocan los 16 billetes de 500 pesos sin que haya nada escrito, son papeles anónimos y mucho menos aparece el nombre del remitente. Son dirigidos al licenciado Claudio Fernández, señor subdirector general del Registro Público de la Propiedad, familiar del señor De León Maza. Creemos que deben existir cuotas diferentes sobre el valor de la plaza, pero nos referimos a las más modestas de ocho mil pesos como es el caso de Cosamaloapan.
El nuevo titular del Registro es Raúl Ramos Vicarte.
La mención de los jefes de estas dependencias no es con el propósito de involucrarlos, posiblemente ni siquiera estén enterados de las actividades de sus subalternos. La unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno también tiene bajo su cargo el manejo de los reclusorios, estos son reconocidos como una importante fuente de ingresos ilícitos.
Las malas conductas como las enfermedades se contagian de unos a otros.
Al igual que los cárteles de la droga también este tipo de delincuencia burocrática está bien organizada y se viene realizando desde administraciones pasadas. Lo grave de esa deleznable práctica es que se realiza en contra de sus propios compañeros de trabajo y con un gran cinismo. Donde los altos funcionarios conocen el precio de todo y no dan valor a nada.