Profesores veracruzanos afiliados al Sindicato Unificador de Trabajadores al Servicio del Estado y al Magisterio, ya salieron a la calle a protestar en contra de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso local de la entidad. Ese fue el principio, dos días después se unieron los CNTE y el SNTE, y de unos cientos de manifestantes pasaron a miles.
Tarde o temprano tendrían que protestar.

Ricardo Diz Galindo, dirigente de esta agrupación dijo que “los diputados, senadores y funcionarios del gobierno estatal ganan más de cien mil pesos, en cambio nosotros, que apuradamente llegamos a cinco mil pesos mensuales, nos critican porque protestamos por mejorar nuestra crítica situación económica”.

Los maestros disidentes iniciarán sus manifestaciones al término de sus clases para evitar que les descuenten sus días de salarios, en cambio, los maestros del sindicato nacional de Elba Esther Gordillo planean hacerlas en los fines de semana.

Por otro lado, el titular de Educación, Emilio Chuayffet, asegura que tiene un plan alterno en la aplicación de la ley contra los maestros y que realizará un censo de maestros, escuelas y alumnos de educación básica y especial.
Los miles de comisionados para labores electorales estarán fichados.

No se puede negar que el ambiente empieza a tornarse día a día más vulnerable, las tormentas cobran fuerza y los tiempos amenazan con signos más bruscos y de mayor rudeza. Las guerrillas, según el último reportaje exclusivo de este medio impreso, podría surgir en el próximo verano caliente.

El misterio de Televisa

Sigue la duda sobre los 18 mexicanos que se decían que eran trabajadores de la empresa Televisa, y que fueron detenidos en Nicaragua con vehículos que ostentan los logos de la televisora de Emilio Azcárraga, y que traían a bordo más de nueve millones de dólares, ya han sido declarados culpables de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. La fiscalía de aquel país centroamericano ha pedido que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión para este grupo de mexicanos. La información se maneja en forma confidencial, aduciendo que se trata de un manejo interno y que no es propia para periodistas. Esta actitud de las autoridades es lo que resulta extraño, aunado a que arribó a la ciudad de Managua un representante del influyente consorcio televisivo mexicano.
¿Y serán ellos los verdaderos culpables?