No existe un lugar del país donde los trabajadores de la gran mayoría de los sindicatos no se hayan amparado con la reforma laboral que enviara el presidente Peña Nieto, y que fuera aprobado por el Congreso de la Unión.
El rechazo es unánime, no hay agrupación de trabajadores ya sean maestros, empleados de gobierno, petroleros, telefonistas, trasportistas y toda clase de la empleomanía nacional, que no se opongan a esa nueva y absurda disposición legislativa, que va a normar las futuras relaciones obrero patronales que rigen este tipo de contratos.
Como se pueden autonombrar los senadores y los diputados federales representantes del pueblo, cuando existe un consenso popular que rechazan y reprueban lo que ellos autorizan.
Los amparos van en contra de los cambios a la reforma laboral, se suponía que habría ciertas controversias hacia esta nueva legislación, pero no un rechazo absoluto en todas las esferas de los trabajadores.
Ya rebasa la suma millonaria de estos amparos, Veracruz no se podía quedar atrás, no obstante la característica actitud sumisa de los líderes perpetuos de la mayoría de los sindicatos magisteriales y de obreros de la entidad.

El gran negocio de los partidos

Este año recibirán los siete partidos políticos que conservan su registro en México la suma de tres mil 704 millones cien mil pesos para sus gastos. Dinero del pueblo que sirve para pagar los elevados sueldos de los líderes partidistas y para el supuesto apoyo de las campañas de sus candidatos.
No se conoce hasta la fecha en qué bolsillo termina el destino de este dinero, nadie ha exigido que den a conocer de manera pública en qué se gastan esas elevadas sumas. Tomando en cuenta que en algunos estados, los candidatos son obligados a invertir de su dinero personal en promocionar su campaña y hasta en la compra de sus candidaturas.

Y sigue la mata

No hay antecedentes en la historia del ORFIS, que no se haya envuelto en tantos cuestionamientos y denuncias sobre la parcialidad de sus actividades. No tiene ni cuatro meses de haber ingresado ilegalmente el nuevo director, Lorenzo Antonio Portilla, donde un juez federal lo ha citado y ahora la petición de la bancada federal de Acción Nacional que solicitan que la Auditoría Superior de la Federación investigue el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento del puerto de Veracruz, que preside Carolina Gudiño.
Lo grave del caso, es precisamente que se ponga en duda las acciones de supervisión y vigilancia que por ley debe realizar ese organismo estatal. Creado durante el gobierno del licenciado Miguel Alemán Velazco para que actuara de manera autónoma e independiente por las delicadas funciones que debe realizar en la transparencia de dineros públicos.
Los diputados federales de Acción Nacional no encuentran justificante que se aprueben cuentas públicas, cuando existe un consenso popular de falta de transparencia y de cierto dispendio.
No hay explicación para no dar a conocer los resultados de una auditoría que por ley tiene que ser aprobada por el Congreso local y este ocultamiento provoca sospechas que los números municipales no concuerdan con el costo real de las escasas obras realizadas, y por ende, existe un ilegal encubrimiento, y por supuesto, de acuerdo a la fama pública bien ganada por el contador Lorenzo Portillo se atreven asegurar que existe una sucia complicidad.