Los veteranos de la cruenta guerra del sexenio calderonista y los miles de víctimas, es un capítulo negro que nunca se va a cerrar en la historia de México. Si la página del dos de octubre del 68 en Tlatelolco no se olvida, mucho menos este voluminoso expediente de decenas de miles de muertos como saldo de la lucha en contra del crimen organizado.
En la estupenda investigación realizada por la reportera Peniley Ramírez, que señala la muerte violenta de 1,300 menores de edad. Esto confronta un serio conflicto sicológico al considerar la violencia física como la única fórmula para resolver los problemas.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo por los Derechos de la Infancia en México, pugna por la creación de una Comisión de la Verdad, que señale la grave responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de esta matanza de ciudadanos mexicanos.
Ya no sabe distinguir la sociedad, quiénes son los buenos y quiénes los malos, entre las fuerzas policiales y militares o los miembros de los poderosos cárteles de la droga. Cuando ha sido muy notoria la implicación de las autoridades en el amplio sistema de corrupción establecido por los supuestos malosos.
Las cifras dadas por la periodista Peniley Ramírez son espeluznantes. De los 45 mil muertos, en el 99 por ciento de los casos han quedado impunes. En el archivo secreto de documentos hay 35 mil averiguaciones previas.
En este escenario de guerra, --afirma el activista Martín Pérez García--, el Estado, no tiene la obligación de investigar caso por caso, porque estos miles de hechos violentos son considerados como crímenes de guerra. “No puede considerar el gobierno que cada muerte de los miembros de los cárteles como un logro, lo cual sería profundamente perverso y grotesco”.

La segunda vuelta

Dentro de las reformas políticas que intentarán ser aprobadas durante el próximo período legislativo, figura una propuesta del Senado,-- que aprueba de manera pública el presidente Felipe Calderón--, donde se plantea la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. “Esto permitiría definir claramente las elecciones”, él lo sabe que si esta reforma estuviera vigente en el 2006 no hubiera llegado. Se opone el mandatario a las elecciones consecutivas para los legisladores y alcaldes “ no veo nada sustancial o de peso que aporte al país”.

Desfalco por 3 mil millones

La Secretaría de la Contraloría del Estado detectó un daño patrimonial al erario público, por 3 mil 687 millones de pesos del anterior gobierno. Se encontró este desfalco al concluir 16 de las 45 auditorías ordenadas.
Se presentó una lista negra de 32 funcionarios del pasado sexenio, involucrados en la aplicación irregular de los recursos públicos. Entre los que destacan los ex titulares de Educación y Finanzas. Donde también se incluyen a los subsecretarios de Ingresos y Egresos, así como el jefe de la unidad de servicios jurídicos de dicha secretaría.
Una legisladora de Acción Nacional señala que una vez revisada la documentación e información de esas dependencias “se observa la confabulación de diversos servidores, a efecto de operar el presupuesto del estado en el ejercicio del 2010 de manera discrecional”.
El Ejecutivo estatal ha señalado que las auditorías no son revancha política contra su antecesor “, se realizan para definir cómo se recibió el gobierno, pero nunca con fines de venganza política o electoral”.
Esto ocurrió a principios de semana… en el estado de Oaxaca.