La semana antepasada, el 30 de octubre, fue detenido en Zacatlán, Puebla, Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol y ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El ex dirigente priista poblano fue liberado bajo caución dos días después. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que comparecieran ante la justicia otros cuatro ex funcionarios implicados en el megafraude de la llamada “Estafa Maestra” por el que actualmente está bajo proceso y en prisión Rosario Robles.

Los imputados son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de la Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a los cuales se les investiga por el presunto pago ilegal de 400 millones de pesos por la supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, según convenio firmado en abril de 2015.

Otro de los requeridos era Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol, a quien le FGR le imputa la presunta contratación en septiembre de 2014 de encuestas “fantasma” que ocasionaron un daño al erario de 77.8 millones de pesos.

El convenio fue suscrito con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz.

Las investigaciones corresponden a denuncias presentadas desde enero de 2018 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la FGR.

Los cuatro ex funcionarios mencionados fueron vinculados a proceso. En cambio, hasta hoy, inexplicablemente el Ministerio Público federal no ha requerido al veracruzano Miguel Ángel Vega García, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de ambas Secretarías de Estado que encabezó Robles el sexenio pasado, y el cual despacha desde febrero de este año como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública en la Contraloría General del Estado.

Inclusive Vega García anda con la espada desenvainada, pues el 1 de octubre pasado determinó sancionar a varios ex funcionarios estatales por presuntas responsabilidades administrativas ocurridas en las gestiones de los ex gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Determinó, por ejemplo, la “inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público estatal por el término de siete años” a la ex secretaria yunista de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, dentro del Procedimiento Disciplinario Administrativo número 025/2017.

Dicha sanción alcanzó también a Antonio Gómez Pelegrín, quien se desempeñó como titular de la Sefiplan al final de la administración de Duarte; a Jorge Jaramillo Méndez, ex subsecretario de Egresos, y al ex tesorero Arnulfo Octavio García Fragoso.

Sin embargo, trascendió que el procedimiento sancionador administrativo está tan endeble jurídicamente, que es posible que los ex funcionarios inhabilitados terminen riéndose de él. Ya veremos.