De todas las versiones extraoficiales que desde este sábado han estado circulando sobre el homicidio del diputado local Juan Carlos Molina Palacios –sus presuntos vínculos y confrontación con grupos del crimen organizado; sus pugnas por el control político de las organizaciones de productores cañeros de la Cuenca del Papaloapan así como de la dirigencia nacional que aún detenta su compadre Daniel Pérez Valdés, y hasta su batalla contra la red de traficantes de ganado vacuno procedente de Centroamérica–, la más absurda y contradictoria es la que los detractores del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, han deslizado por las supuestas amenazas que el titular de la SEGOB habría hecho al líder estatal de la CNC durante el fallido proceso legislativo para desaforar al abogado yunista Jorge Winckler y echarlo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que si bien es cierto que en aquel momento, hace nueve meses, varios diputados –entre ellos Molina Palacios; Gonzalo Guízar, del PES, y hasta Magdaleno Rosas, de MORENA– se negaron a aprobar el juicio político contra Winckler, también es verdad que esas supuestas amenazas de Cisneros jamás se comprobaron ni se consumaron, e inclusive algunos de esos legisladores, el propio extinto dirigente de la central campesina del PRI, terminaron estableciendo acuerdos políticos con el visto bueno del hombre fuerte del gobernador Cuitláhuac García.

A mediados de septiembre pasado, por ejemplo, después de que Winckler fue separado por la Diputación Permanente de la FGE y se libró orden de aprehensión en su contra, Molina Palacios negoció que la ex diputada cuenqueña Marcela Aguilera Landeta fuera designada coordinadora de Investigaciones Ministeriales por Verónica Hernández Giadáns, quien de la Dirección Jurídica de la SEGOB pasó a hacerse cargo de la Fiscalía General.

Aguilera, ahora, ha llevado los procesos penales iniciados en contra de varios ex funcionarios yunistas. Hace un mes solicitó orden de aprehensión contra la ex secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, y tres de sus ex colaboradores de la Sefiplan. Y la noche de este jueves 7 logró la detención de Jaime Téllez Lacedelli, hijo del ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Ignacio Téllez Marie, uno de los hombres más cercanos al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, la semana antepasada “Tula” Guerrero y al menos dos de los ex funcionarios de la Sefiplan obtuvieron el amparo de la justicia federal, mientras que el hijo de Téllez Marié –cuya orden de aprehensión se ejecutó por el proceso penal 378/2019 que se sigue en contra del ex Fiscal General Jorge Winckler y del ex fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, ambos prófugos desde finales de septiembre pasado– salió libre bajo caución a las 2:30 horas de la madrugada de este viernes 8.

Ambos casos, en opinión de algunos abogados litigantes, están jurídicamente muy endebles.

¿Podrá ahora Marcela Aguilera procurarle justicia al diputado Molina, resolviendo el artero crimen de su padrino político? Veremos si salda tamaña deuda moral.