A lo largo de este año y en el último del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares han sucedido los hechos más cruentos y escandalosos producto de la violencia que vive el estado de los últimas administraciones, y por supuesto esta convulsión se desprende de una espiral que tiene envuelto y teñido de rojo a todo el país.

Claro que ocurrió en el primer bienio del periodo de Javier Duarte, el macabro depósito de 35 cadáveres debajo de la estatua de los voladores de Papantla frente a Plaza Américas en Boca del Río, la mayoría identificados como parte de un grupo delincuencia.

Pero en estos dos años se han sucedido varios eventos escandalosos como dolorosos, todos, condenables. El 19 de abril en la palapa “Los Potros”, en Minatitlán, lo que era una fiesta familiar terminó en un brutal ataque armado con un saldo de 14 muertos, entre ellos un bebé, y al menos tres heridos.

El jueves 16 de mayo, cinco comerciantes de limones fueron asesinados y otros cinco resultaron heridos, tras ser atacados a balazos mientras trabajaban en la comunidad de Tuzamapan, en el municipio de Coatepec.

El 27 de agosto, de nuevo se hizo presente la crueldad delincuencial, con la que un comando ejecutó una masacre en el bar “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, que, como se supo, dejó 26 personas muertas y 11 heridos, entre ellas, dos extranjeros.

El 8 de noviembre, pero del 2018, apenas un mes antes de dejar el poder Miguel Ángel Yunes, ocurrió el artero crimen en un gimnasio de Ciudad Mendoza contra la hija de la diputada Carmen Medel, imágenes que fueron el sello de lo que está ocurriendo en México, y que no pudieron ser más elocuentes para mostrarle y comprobarle al mundo, la triste realidad que vive el país.

Entonces, el dolor y la tragedia, provocado por la violencia, corrupción e impunidad, permearon las entrañadas del parlamento en un país. Y ese asunto aún permanece en espera de ser atendido y concluido en alguno de los escritorios de la justicia estatal o federal. Pero ahí sigue, durmiendo el sueño de los justos. La responsabilidad es ahora de este gobierno, sobre todo, cuando ya se logró sacar de la Fiscalía, a quien se ha dicho, obstruía toda investigación, como era el extitular, Jorge Winckler.

Ahora, el sábado 9 de septiembre, las balas marcadas por la impunidad y corrupción,  alcanzan otro ámbito no menos importante, pero que compromete seria y políticamente a las autoridades en turno, con la ejecución de un diputado local, el priista, Juan Carlos Molina Palacios.

Sin duda que este hecho pone a los responsables de este régimen en una doble obligación: moral y ejecutiva.

No por lo querido que sin duda fue el legislador o por la indignación y consternación que el crimen del bien querido Molina Palacios provocó, sino por validar la fuerza el Estado que ha visto vulnerable uno de sus tres poderes. Porque el mensaje es que si a cualquier miembro de cualquiera de los poderes se le victima de esta manera, entonces la ciudadanía pasa a quedar totalmente desprotegida.

Como ocurre cuando se atenta contra un alcalde o un jefe policiaco. Se vulnera  la autoridad.

Borrar el rostro de la impunidad, como obligación del gobernante, como imperativo ante la deuda frente al pueblo que le catafixió dos millones de votos por la estafeta que ostenta y debe hacer valer, es el gran reto para Cuitláhuac García.