Los acontecimientos del pasado jueves en Culiacán Sinaloa, son y serán tema de análisis y discusión durante los próximos días.
Su impacto ha sido tan grande, que la renuncia de Carlos Romero Deschamps al cargo de máximo dirigente del sindicato petrolero, ha pasado a segundo término, al igual que el nombramiento de su sucesor, quien por cierto forma parte del mismo grupo de poder. A veces las cosas cambian para seguir igual.
Lo mismo sucedió con la violenta manifestación feminista del domingo pasado en Puebla, donde un grupo de mujeres semidesnudas intentó saltarse las rejas que circundan la Catedral poblana para vandalizarla y pintarrajearla, por lo que un grupo de feligreses católicos tuvo que hacer una cadena humana para rodear el recinto religioso y protegerlo del vandalismo. Por momentos hubo el riesgo de que el problema escalara y se provocara un enfrentamiento entre quienes defendían la catedral y el grupo radical que a toda costa pretendía entrar por la fuerza para causarle daños al histórico inmueble.
Nadie discute el derecho que les asiste a los diversos grupos que existen en el país de manifestarse con civilidad y respeto.
Lo que resulta sumamente grave es que las autoridades competentes se desentiendan de sus obligaciones y en lugar de preservar el orden y la paz, se hagan las desentendidas al permitir que grupos extremistas muy bien organizados, salgan a las calles a hacer de las suyas de manera violenta, dañando edificios históricos, el mobiliario urbano y la propiedad ajena.
Vivimos en un país de Leyes. No permitamos retrocesos de esta naturaleza.
Ya tenemos en México demasiados problemas como para tolerar otros que pueden evitarse actuando con mano firme y dentro de la legalidad.
También pasó a segundo término la Ley de revocación de mandato, con todos los riesgos que ésta conlleva al crear un clima de incertidumbre política, que se traducirá a la larga en menor inversión y menos empleos.
Según la Ley citada, bastará que el 3% de la población pida la revocación de mandato de algún gobernador o del presidente de la república, para que dicha solicitud se someta a votación de la ciudadanía. Aunque no prospere dicha solicitud, la incertidumbre generada terminará afectando nuestra economía.
También, con motivo del ruido mediático generado por los tristes sucesos de Culiacán, nos olvidamos por un momento de la Ley que combate la evasión fiscal, misma que pretende eliminar el uso de facturas falsas emitidas por empresas fantasma, tan utilizadas por los políticos para obtener los comprobantes que emplean tratando de justificar con ellos los faltantes de recursos públicos que previamente drenan a sus cuentas bancarias.
Está muy bien que se combata la evasión fiscal, porque es injusto que mientras unos pagan impuestos, quienes están en la economía informal compitan de manera desleal con los causantes cautivos.
El problema es que un empresario que opera legalmente puede ser sorprendido al recibir de buena fe una factura emitida por una empresa fantasma y resultar afectado. Como esto ya es un delito grave equiparable a delincuencia organizada, el empresario que genera riqueza y empleo, terminará en la cárcel y con su patrimonio arruinado
Esta noticia ya pasó a segundo plano por las balaceras de Culiacán, mismas que prendieron las alarmas de todo el país y causaron zozobra entre la población, al ver al Estado Mexicano rebasado por la delincuencia.
Muy mala imagen dimos a nivel internacional cuando se transmitieron las imágenes de la violencia desatada. Esto puede generar una baja importante en el turismo y en las inversiones.
Después de analizar las distintas versiones que se dieron ayer, surge la siguiente pregunta:
¿Estarán realmente preparados para desempeñar el cargo, quienes integran el gabinete de seguridad?.
Quien no pueda con el paquete, que mejor se haga a un lado, para que el Presidente de la República coloque en los cargos correspondientes a personas más capaces, antes de que la violencia nos rebase y la situación empeore.
¿No les parece a Ustedes?.
Muchas gracias y buen fin de semana.
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