Resulta que por simple postura política el Partido Acción Nacional decidió ir en contra –o en abstención que al final es lo mismo- de la propuesta para aumentar las penas a extorsionadores de 4 a 10 años, como parte de la reforma penal, que presentó la diputada local, Mónica Robles Barjas.

Al márgen de qué legislador sea el autor o de qué colores emane y de su postura ideológica, avalar un cambio a las Leyes sobre todo, cuando los veracruzanos están de por medio, y si éstas van enfocadas para proteger a la sociedad no debe tener ninguna objeción por parte del resto de los partidarios camarales.

Por ello, la propuesta de la legisladora morenista queda fuera de todo intento de pretender enmarcarla como parte de un debate con tintes políticos al que están acostumbrados los actores de Acción Nacional. Sobre todo, y para nada es de su conveniencia, cuando saben de la utilidad que esto representa para los encargados de impartir la justicia en Veracruz si se apegan a esta reforma.

Mal entonces se vieron con su postura política los de la fracción albiazul, al abstenerse de votar bajo argumentos falaces como el que era redundante porque el delito genéricamente se comete con violencia.

La confusión les invadió cuando también añadieron en sus endebles justificantes para no avalar la modificación a la Ley, como que al tratarse de delitos que caen en delincuencia organizada es materia Federal por tanto no es de su injerencia.

Sin embargo, analistas inmediatamente vieron más que correcta la propuesta y al final, la aprobación por parte del pleno del Congreso Local para reformar el artículo 220, del Código Penal del Estado de Veracruz, con lo que se incrementa la pena del delito de extorsión de 4 hasta 10 años.

Y es que la redacción es muy clara y señala que la sanción va cuando se hagan pasar por un grupo de la delincuencia organizada aún sin serlo, algo que comúnmente ocurre, y por lo que se convierte en una valiosa herramienta para Jueces y Magistrados, al momento de juzgar.

Parece que a los flamantes legisladores que a todas luces se vieron en contra de la tranquilidad y la paz de los veracruzanos y el reclamo social evidente en estos momentos, no tomaron en cuenta que Veracruz salta en los primeros lugares en las estadísticas por el delito de extorsión.

Es el estado que se ubica en cuarta posición con mayores casos de extorsión y si no quieren creerlo, entonces deberían con mayor detenimiento, informarse a conciencia de los hechos violentos que a diario acontecen y cuestan vidas humanas.

Dicho por Robles Barajas el delito “creció en más de un 400 por ciento en los últimos años, lacerando la tranquilidad de la sociedad y la economía”.

Por ejemplo, en días pasados, en Coatzacoalcos inclusive, se han incendiado negocios como consecuencia de las extorsiones, o por qué no pensar que la masacre de los vendedores de limones en Tuzamapan, municipio de Coatepec, el 16 de mayo, también tuvo estas causantes.

Al final, y con 30 votos a favor y 9 abstenciones, por parte de los legisladores del PAN, pasó la reforma, de donde emana como lo más importante, entre otras cosas, que gracias a las agravantes o calificativas que se le aumentaron al delito de extorsión, difícilmente los transgresores podrán obtener su libertad y beneficios llamados preliberacionales.

Destacó en su argumentación de la también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, el hecho de que en el 98.2 por ciento de los casos de extorsión, las víctimas no denuncian, tal y como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó el crecimiento exponencial de este ilícito entre el 2015 y 2018.

Lamentable pues, vergonzoso, que algunos legisladores, solo por capricho, línea política o simplemente por querer aparecer como oposición pero sin conciencia, no respalden algo que es para beneficio común.