Ahora que se han hecho públicas las deplorables condiciones en las que se encuentra la Policía Ministerial de Acayucan, la cual no cuenta con más de diez elementos a quienes no se les brinda lo indispensable para realizar su trabajo —incluso tienen que poner de su bolsa y vehículos particulares— hay quienes ya están echando ojo al grupo de escoltas que cuida a su titular, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Pero los inconformes, de los que ya tiene un grupo muy molesto al interior, dirigen sus baterías también hacia el fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres; los hermanos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez; y la diputada local María Josefina Gamboa. Quienes según esto, traen personal que podría estar siendo cubierto por el erario salido de ese organismo.

Según lo que recientemente se hizo público y de acuerdo a la carta que se entregó al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, fueron acusaciones que rayan en lo denigrante en una dependencia o en una estructura como es la de Justicia en Veracruz.

Algo hay que decir sin embargo, que esto no es nuevo. Los agentes del Ministerio Público sus colaboradores, secretarios, archivistas, durante años, han sido una caja registradora. Nada se mueve si no hay un pago de por medio. Los abogados no pueden obtener un documento si no hay una cuota.

Durante mucho tiempo, la papelería, la tinta, las copiadores, y hasta los clips, no existen en estas oficinas. Para todo hay que “entrarle”. Pero parece que la situación en las fiscalías del estado ha llegado a su límite.

Según denuncian son ocho los municipios que abarca el distrito judicial de Acayucan en donde Winckler Ortiz no ha volteado a ver las necesidades de la corporación que tiene a su cargo las investigaciones iniciadas por delitos de todos los niveles desde Soteapan hasta San Juan Evangelista, desde Jáltipan hasta Acayucan y Jesús Carranza, como acusan los propios ministeriales.

Y es cuando salta los dispendios o derroches en otras áreas. Por ello, los quejosos elaboran diversas preguntas como ¿Cuánto estará pagando la Fiscalía General del Estado por todos los guaruras al servicio de los yunistas, que ya no le queda recurso para siquiera proporcionar vales de gasolina a la Policía Ministerial de esta zona, que dicho sea de paso, se mueven en una camioneta Chevrolet S10, cuyo valor según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no es mayor a los 9 mil pesos?

Esto es lamentable y vergonzoso, pero también el hecho de que mientras el fiscal Jorge Winckler anda más en sitios de recreación que en actividades propias de su encargo. Y claro, da pie a ser señalado y a cuestionar la ineficacia de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) que por ejemplo, no pudo resolver el secuestro del ex alcalde de Yecuatla, Rogelio Ayala Palomino, con un desenlace fatal, y según las versiones, pese a que los delincuentes cobraron un millonario rescate por el plagio.

Aquí es donde uno se pregunta ¿si la Unidad Antisecuestro —cuya inversión fue de alrededor de 55 millones 653 pesos— que tanto presume el fiscal no funciona, no hace el trabajo para el que fue creada, por qué Jorge Winckler no ha corrido a su director Alejandro Landa Hernández?

Por un lado y otro se han generado señalamientos mutuos entre el poder Ejecutivo y de la Fiscalía, pero también se generan motivos para que la lucha continúe. En el caso de la Fiscalía deberá ponerse a resolver los casos pendientes y  evitar situaciones fatales como la del ex alcalde y en el caso de Seguridad Pública y el Ejecutivo dar el respaldo preventivo que se requiere para evitar al final que la ciudadanía pague las consecuencias.