A veces escuchar de tantas denuncias interpuestas por una dependencia o ente como se le llama en forma rimbombante a algunos de estos organismos, y en este caso fiscalizador, despierta la confusión si se está por el camino correcto para castigar a los responsables de desvío de recursos o daño patrimonial cuando fungen en un gobierno.

Es el caso del Organo de Fiscalización Superior en Veracruz, Orfis, quien primero llevó  los expedientes de las “empresas fantasmas” que con el Duartismo sirvieron para la desaparición de buena parte del erario y tras las revisiones de las cuentas públicas, es decir el ejercicio del presupuesto que durante un año hace el gobierno, de los años 2014, 2015 y 2016, la segunda mitad del periodo de Javier Duarte de Ochoa.

Después, fue con Miguel Angel Yunes en el bienio 2016 a 2018, cuando por razones políticas y mediáticas, quizá hasta vengativas, sin que esto quiera decir que el trabajo del Orfis no tuviera su mérito y objetividad, el panista aprovechó para destrozar políticamente a su adversario, Duarte de Ochoa, con quien se enfrascó y revalidó odios personales.

Así, los dos años de Yunes Linares tampoco se salvaron de un corrupto e insano gobierno. Y es que el titular del Orfis en Veracruz, Antonio Lorenzo Portilla Vázquez, se dedicó a hacer lo suyo, y al igual que en las administraciones anteriores, hubo,  lo mismo aviadores, malos manejos de recursos, aplicaciones equivocadas o hasta superiores a las obligaciones contraídas y hasta contrataciones de servicios y adquisiciones, un sin número de ellas,  adjudicadas sin licitaciones.

El Auditor hace hincapié ante los reporteros que los expedientes formulados contra la administración yunista fueron comunicados en tiempo y forma al jefe del gabinete. Es decir, el panista Miguel Angel supo, en su momento, todos los tastipujes que cometieron sus colaboradores, a pesar de que en su presencia en alguna reunión, en algún lugar y algún día, durante su mandato, lo negaron frente a éste, pero todo se le fue comprobado.

Son al menos diez denuncias las que ha interpuesto el Auditor en Veracruz, siete de ellas ante la Fiscalía General, por un monto superior a los300 millones de pesos. En nota aparte en la edición de IMAGEN, se da cuenta de las dependencias involucradas en los malos manejos de la administración pasada.

Es decir, los titulares de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, de Educación, Enrique Pérez y Jaime Téllez Marié, de Seguridad Pública, están en el ojo del huracán.

En tanto, las últimas tres, y a las que respondió estando fuera del país Yunes Linares, según él mismo lo externa –es decir que si quieren fincarle alguna responsabilidad ya saben que anda fuera de México para que no se molesten en buscarlo- son las más graves por el origen de los recursos interpuestas en el ámbito federal, específicamente en la Fiscalía General de la República, FGR.

Pero de todas y tantas denuncias que se presentan se suman las que las dependencias por razones de Ley, eso sí, deben interponer también al encontrar inconsistencias. Los nuevos funcionarios están pues, obligados, a exigir que se aclaren faltantes o malos manejos de la administración anterior.

El hecho es que si se formulan quejas por un lado y por el otro, la pregunta salta por qué no hay una uniformidad? Por qué no hay coordinación en formular dichos expedientes ante las autoridades judiciales respectivas? A decir del Auditor Portilla Vázquez se trata de ir de la mano, es uno respaldar al otro, y viceversa. Ojalá así sea y no sean esfuerzos que resulten infructuosos.

Por cierto que en cuanto a vigencia de los delitos, como se sabe, son diez años para su prescripción.

Así es que ante reporteros, el titular del Orfis realiza una especie de advertencia: Si le metieron manos al cajón, si desparecieron recursos, si no escondieron bien los enjuague, si los mandaron a otras cuentas, personales, entonces los funcionarios, desde un jefe de área, director, secretarios hasta el gobernador no podrán estar tranquilos en por lo menos 10 años cuando cualquier delito es imputable porque si se le encuentra, puede ser sujeto de castigo, sanciones, y hasta la cárcel.