Cuando un alcalde conforma su equipo o desde campaña va en busca del triunfo en determinado Ayuntamiento, ya tiene en mente, al menos dos de los cargos, y cuyos responsables lo van a acompañar en la administración municipal.

Como candidato o ya elegido presidente municipal, cuidadosamente y para resguardar sus intereses personales en primer plano, y por supuesto los de un ayuntamiento, se selecciona primeramente al tesorero y al director de Obras Públicas.

Por razones obvias, es conocido que el primero es el responsable de la administración de los recursos y del presupuesto para lo que tiene en sus funciones la custodia del dinero municipal, y un buen ejercicio municipal. Claro está, debe contar con toda la confianza del presidente de un municipio para desempeñarse en el cargo.

El director de Obras Públicas, quien también tiene que hacer valer los recursos que se le asignan para todo tipo de proyecto de la infraestructura urbana, es otro que debe ser de plena cercanía con el munícipe, y en muchos casos, porque al final se convierten en los guardianes de las empresas de los propios alcaldes.

El titular del Orfis, Antonio Lorenzo Portilla fue entrevistado al respecto,  y en la charla con los medios lanzó una propuesta de modificar la Ley para que los tesoreros en los 212 ayuntamientos de Veracruz no sean designados por amiguismo y compadrazgo o sean cómplices de los ediles, sino porque cuentan con su perfil, con lo básico para desenvolverse con capacidad.

Si bien parece una acertada sugerencia que desde el Congreso se hagan las modificaciones necesarias y se establezcan filtros para la designación de los titulares de las finanzas municipales, también debería ocurrir con el jefe de Obras.

Son estos dos personajes claves en una administración municipal para llevar a buen puerto el manejo, y es que en ellos descansa la mayor parte del ejercicio del presupuesto. También deberían considerarse un mayor control sobre la responsabilidad de los síndicos y regidores que muchas veces son coptados por el alcalde para que les aprueben todo en cabildo y así disponer a su antojo de los recursos.

MUY EN CORTO

SEDESOL. DENUNCIA DE SALIVA. El secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Guillermo Fernández Sánchez ha denunciado que esa dependencia sirvió de búnker para el anterior gobernador, Miguel Angel Yunes Linares a fin de tratar de extender su mandato a través de su hijo, quien era el candidato del PAN a la gubernatura.

Llama la atención que varios meses después siga abonando a la cruzada mediática contra el ex mandatario, pero al mismo tiempo, reconozca que solo puede informar lo que hicieron en la Sedesol estatal en aras de una estrategia electorera y una especie de “mapachismo” pero que no hay forma de entablar una denuncia penal.

Demuestra pues el desconocimiento del funcionario al salir a señalar este ilícito, pues de alguna forma lo es, desviar los recursos para uso de personal en tareas ajenas, y de equipo, a fin de crear una estructura de distribución de programas de apoyo, y que no se pueda proceder.

Por si fuera poco, habla Fernández Sánchez, los mil 100 millones de pesos destinados a esa dependencia no fueron utilizados para lo que se dispone es el presupuesto, sino para los fines electoreros durante los dos años que duró el gobierno de Yunes Linares.

Y si tampoco hubo programas asistenciales para la población veracruzano entonces de alguna forma incurrieron en inoperancia y hasta posible negligencia, pero pues el funcionario debe tener claro que esto quizá no sean delitos o faltas graves en la administración pública.