Durante su campaña electoral y ya como gobernadora electa de Puebla, la panista Martha Érika Alonso fue obligada a deslindarse públicamente de los grupos delincuenciales dedicados al robo y venta clandestina de combustible, que durante la administración de su esposo Rafael Moreno Valle (2011-2017) se disparó en la entidad poblana.

Inclusive a mediados de agosto de este año, el senador Ernesto Ruffo Appel declaró que debían deslindarse responsabilidades y consideró que tanto Moreno Valle como su esposa, la gobernadora electa, debían dar una explicación. “Debe ser investigado al grado de que ojalá se encuentre la información para que se corrobore la información o los exonere. Eso es muy importante para ellos y para la confianza del público”, dijo el panista bajacaliforniano, primer gobernador del PAN en la historia del país.

Ante la serie de señalamientos, la gobernadora electa de Puebla respondió por Twitter: “Lo dejo muy en claro, en mi gobierno habrá mano dura contra el robo de combustible, nadie estará por encima de la ley, incluyendo a funcionarios públicos, presidentes municipales o candidatos electos que sean vinculados con este delito.”

Y es que el diario Reforma había publicado que “la gobernadora electa, Martha Érika Alonso; su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el actual mandatario, Antonio Gali, han manifestado su apoyo a los hermanos Patricia, Vicente, Jorge y Rafael Valencia Ávila, actual alcalde de Venustiano Carranza quien presuntamente lidera a un grupo de huachicoleros.”

“Con el respaldo del morenovallismo, el clan de los hermanos Valencia Ávila mantiene el poder político desde hace más de una década en Venustiano Carranza, Puebla”, consignó el periódico capitalino, que además publicó fotografías en las que, por separado, aparecían Alonso y Moreno Valle acompañados del líder del clan que anteriormente militó en el PRI. Otros ediles implicados en el negocio ilícito de huachicol y que presuntamente recibieron protección de Moreno Valle fueron los de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, y Rafael Núñez Ramírez, de Texmelucan.

A mediados de julio de 2015, Moreno Valle fue exhibido con la detención de dos altos mandos policiacos coludidos con bandas dedicadas a la ordeña de ductos de PEMEX. El ex director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada, y su jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos por elementos de la SEDENA y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, lo que motivó la renuncia de su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quien en el sexenio del presidente Felipe Calderón había sido el segundo de a bordo de Genaro García Luna en la Policía Federal.

Luego, en agosto de 2017, lo zarandeó la aprehensión de Othón Muñoz, (a) El Cachetes, detenido por el Ejército en exclusivo fraccionamiento residencial de Puebla, lo que puso al descubierto el financiamiento que este personaje hizo a campañas de candidatos como el propio Moreno Valle.

Si la muerte del ex gobernador y de su esposa, como algunos especulan, no se trató de un accidente, ¿no debería considerarse también esta línea de investigación?