Sonriente y amenazador, este martes reapareció públicamente el exalcalde priísta de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, quien durante más de tres años anduvo en calidad de prófugo de la ley luego de que en julio de 2015 el pleno de la LXIII Legislatura local lo desaforó para que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado pudiera ejecutar en su contra la orden de aprehensión obsequiada por un juez que admitió las pruebas que lo inculpaban como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio del tesorero municipal Guillermo Pozos Rivera, cuyo cadáver apareció el 25 de agosto de 2014 sobre la carretera Jalcomulco-Tlaltetela.

La reaparición del exmunícipe coatepecano se dio después de que el 16 de noviembre pasado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedió el amparo de la justicia federal para dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada en su contra; misma determinación que la semana anterior tomó también la jueza de control Norma Landa Villalba, según confirmó su abogado defensor Jorge Reyes Peralta.

Por eso, ayer, “Juanelo” anunció que procederá legalmente en contra de los exgobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes; del exprocurador Luis Ángel Bravo y del fiscal yunista Jorge Winckler, así como de los magistrados Alberto Sosa y Edel Álvarez Peña, expresidente y presidente, respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los cuales acusa de abuso de autoridad y de haberle “robado” tres años y seis meses de su vida.

Sin embargo, Pérez Moreno debería denunciar también a los 43 diputados locales de la LXIII Legislatura local que sí lo creyeron culpable y votaron para desaforarlo.

Es más, quien presidía la Comisión Instructora en esa Legislatura –que fue la encargada de presentar el Dictamen de Declaración de Procedencia, desafuero y separación del cargo de presidente municipal de Coatepec– fue el diputado local por Perote, Juan Manuel Velázquez Yunes, su excompañero de partido (PRI), entrañable amigo y presunto socio en la adquisición de una fastuosa hacienda en el vecino estado de Puebla, entidad a la que supuestamente huyó.

Por ello sorprende su tono bravucón con el que ahora amenaza con denunciar por “abuso de autoridad” a los exgobernadores Duarte y Yunes; al exprocurador Bravo Contreras y al fiscal Winckler, así como a los magistrados Sosa y Álvarez Peña, pues la familia de la víctima aún se duele de que la autoridad se vio omisa para hacer efectiva la orden de aprehensión, ya que oportunamente proporcionaron datos precisos del paradero del exmunícipe, al detectar que solía moverse tranquilamente entre Cholula, Puebla; la Ciudad de México y Coatepec.

¿Los va a demandar por haber solapado tamaña impunidad? ¿Y si no fue él, entonces quién ordenó matar a su tesorero municipal, y por qué?