Hasta donde se sabe, la suerte del fiscal general Jorge Winckler Ortiz está echada.

Sólo es cuestión de días para que el abogado yunista sea separado de su cargo por mandato de la LXV Legislatura local.

Aunque así parezca, no se trata de un acto vengativo ni revanchista de los diputados de Morena. Lo que está por marcar el destino de Winckler es que jamás disimuló su incondicionalidad y complicidad con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le debe su puesto. Así que ante los inminentes procesos penales que estarían por iniciársele al exmandatario estatal y a varios de sus excolaboradores por la comisión u omisión de una serie de presuntos fraudes, desvíos de recursos públicos e irregularidades administrativas que habrían causado un severo daño al erario estatal, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaría obviamente un escollo, pues a él correspondería recibir en primera instancia las denuncias.

Este lunes, por ejemplo, el gobernador Cuitláhuac García declaró que interpondrán la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por haberse “llevado” un total de 56 millones de pesos que estaban destinados para el pago de aguinaldos de los trabajadores de un par de instituciones de la Secretaría de Educación de Veracruz: 41 millones asignados a Espacios Educativos y otros 15 millones del CECYTEV.

La administración de García Jiménez también alista otra denuncia contra la empresa Comtelsat y exfuncionarios yunistas de la Secretaría de Seguridad Pública por el presunto “fraude” en la instalación de 6 mil 476 videocámaras del sistema de videovigilancia, ya que no están operando ni 40 por ciento.

En cuanto al Sector Salud, el secretario Roberto Ramos Alor aseguró también que serán denunciadas penalmente todas las irregularidades que surjan durante el proceso de auditoría.

Un programa que hace una semana trabajadores de la Secretaría de Salud le solicitaron auditar es el del Adulto Mayor, a cuya responsable Anayeli García Hernández le atribuyen favorecer “a proveedores de insumos médicos, medicamentos y tiras reactivas que se utilizan en pacientes crónicos” a cambio de presumibles sumas de dinero, viajes y regalos.

Los empleados aseguraron que es protegida de Magda Elena Hernández, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles; del doctor Emilio Valerio Gómez, subdirector de Prevención y Control de Enfermedades, y de la doctora Margarita Blanco Cornejo, directora de Salud Pública.

Anayeli García, quien ocupa el mismo cargo desde hace varias administraciones, fue señalada también de cobrar entre 5 mil y 10 mil pesos al personal de nuevo ingreso y de contrato, argumentando que eran indicaciones superiores para seguir en el programa.

Igualmente la acusaron que almacenar insumos caducados tales como insulina y hemoglobina glicosilada, entre otros de elevado costo. Además le imputaron haber utilizado su cargo para ingresar a familiares que incluso no se presentan a trabajar.