Si desde semanas antes de que asumieran constitucionalmente el poder, el gobernador Cuitláhuac García y Eric Cisneros, titular de la Segob, ya habían advertido que el fiscal Jorge Winckler Ortiz sería sometido a juicio político y destituido de la Fiscalía General del Estado (FGE), algunos se preguntan por qué entonces los gobernantes de Morena cometieron el error de invitarlo a la conferencia de prensa de este domingo en la que fue anunciada formalmente la sustitución del Grupo de Coordinación Veracruz de seguridad pública por la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

¿Qué caso tenía que invitaran al abogado yunista si ya no confían en él ni están conformes con su desempeño al frente de la FGE?

Este lunes 3, por ejemplo, luego de declarar que investigan si la administración de Yunes Linares destinó recursos públicos para comprar y simular la recuperación de bienes inmuebles de exfuncionarios duartistas, el secretario de Gobierno dejó entrever que en este asunto también estaría inmiscuido Winckler Ortiz, de quien nuevamente reiteró que será destituido. “Me canso ganso que se va”, había declarado previamente al ser entrevistado sobre lo dicho el día anterior por el titular de la FGE, quien negó que fuera a renunciar, argumentando que la Fiscalía era un organismo constitucionalmente autónomo.

Sin embargo, ayer el fiscal sumó la tercera demanda de juicio político en su contra. El abogado Rodolfo de la Guardia, defensor del exsecretario duartista de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acudió al Palacio Legislativo para presentar dicha solicitud por los presuntos delitos de fraude procesal, tortura e ilegalidad de la investigación y denuncia por desaparición forzada, en la que resultan imputados también el exgobernador Yunes y el extitular de la SSP, Jaime Téllez Marié.

De la Guardia expuso que la ley permite la negociación a cambio de algún beneficio, pero dijo que el Fiscal ha incumplido esos compromisos a pesar de que el exfuncionario entregó bienes y cumplió otros acuerdos.

Es obvio que Winckler no resulta confiable para el gobierno de Cuitláhuac García por su incondicionalidad al exgobernante y a su familia. En abril de 2016, por ejemplo, en la víspera de la elección que ganó el abanderado de la alianza PAN-PRD, fue protagonista en el caso de “Los Porkys” como defensor de una presunta menor de edad que supuestamente habría sido violada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El abogado yunista detonó un gran escándalo con repercusión mediática estatal y nacional que puso en entredicho a la administración del gobernador Javier Duarte y, por ende, impactó negativamente la campaña del candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, que era el contendiente a vencer.

Pero el colmo es que a mediados de junio de 2017, ya como titular de la FGE, Winckler fungió también como defensor voluntario del gobernador panista y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, todavía alcalde en funciones de Boca del Río, en la investigación que por enriquecimiento ilícito se les sigue desde 2015.

Y es que en ese año, diputados federales y exdiputados locales del PRI, así como el exgobernador Duarte y el Movimiento de los 400 Pueblos, presentaron sendas denuncias en su contra ante la FGE y la PGR.

Yunes Linares y Yunes Márquez son representados desde entonces por su defensor voluntario, Winckler Ortiz, quien consiguió amparos provisionales y definitivos. Sin embargo, en junio del año pasado, la PGR atrajo la carpeta de investigación FGE/FLM/IM/45E/2015 por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público. La investigación ministerial fue solicitada con el oficio PGR/S5IDF/DGAE/1784/2016, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.