Luego de que un diario capitalino publicara este lunes que los techos presupuestales proyectados para el ejercicio fiscal 2019 enviados por la Secretaría de Hacienda a la SEP contemplaban un recorte de hasta 32.5 por ciento para las instituciones de educación superior del país, Carlos Urzúa, propuesto para encabezar la SHCP en el próximo gobierno federal, tuvo que salir a declarar que “fue un error en la manera como se calculó sueldos y salarios para las universidades.”

“Eso se hace en Hacienda. Se les dieron los nuevos tabuladores y fue un errorcito. Ya se compuso”, aseguró Urzúa, en reacción a las expresiones de preocupación que manifestaron los rectores adheridos a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, los cuales se mostraron sorprendidos por este supuesto recorte ya que apenas en agosto pasado el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador les había prometido un aumento de 3.5 por ciento real.

Y es que tan solo el déficit acumulado de la Universidad Veracruzana (UV) y de otras nueve casas de estudios del país era superior a los 18 mil 619 millones de pesos hasta abril de este año, según el informe “Situación de Universidades Públicas Estatales con Problemas Financieros” entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados federal.

El caso de la UV fue considerado el más crítico, pues sus gastos superaban a sus ingresos por más de 3 mil 110 millones de pesos, mientras que la del Estado de México registraba una diferencia de más de 2 mil 678 millones.

De acuerdo con este informe de la Cámara baja del Congreso de la Unión, la grave situación financiera de la UV se debía, entre otras causas, principalmente a un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por los gobiernos estatales, lo que, en efecto, sucedió en las dos últimas administraciones priistas, entre los años 2008 y 2016.

“El déficit revela la necesidad de contar con un Plan de Acción en esas instituciones para  atender las principales causas”, se afirma en el informe entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pues se apunta que “el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción de fondos extraordinarios de la SEP durante 2016-2017 agravaron la condición financiera” de la UV y otras nueve universidades, situación que las llevó a incurrir en adeudos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a proveedores de seguridad social, así como en préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales.

Ante esta situación vale preguntar qué tanto le servirá a la UV que hace un año, en noviembre de 2017, el Congreso local aprobara la reforma constitucional concerniente a su “autonomía financiera”.