Obviamente no se trata de algo deliberado, pero la senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está por meter en un brete al gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, quien públicamente ha reiterado que ningún exfuncionario de los gobiernos de Javier Duarte ni de Miguel Ángel Yunes Linares formaría parte de su gabinete.

Sin embargo, ha trascendido que quien está por dar el salto de la muerte a la próxima administración estatal de Morena es el ingeniero Enrique Nachón García, sobrino de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo nombre completo es Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas. El exdelegado estatal del Infonavit y actual director del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) es hijo de doña Mercedes García Villegas, hermana del esposo de la próxima titular de la Segob, Eduardo García Villegas, notario público número 15 de la Ciudad de México, académico de la UNAM y un férreo defensor de la llamada ortotanasia, que coincide con lo que se conoce como “eutanasia pasiva”, un proyecto de ley que en Veracruz ha sido rechazado tajantemente por la Iglesia Católica.

Pero en realidad lo que se le debe cuestionar a Nachón García Villegas no es tanto por haber servido en el gobierno duartista o actualmente en el de Yunes Linares –donde continúa al frente de la misma dependencia estatal en la que despachó durante el sexenio del exmandatario veracruzano preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México–, sino por su mediocre desempeño al frente del Invivienda, ya que el Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo acaba de resolver el 8 de octubre pasado que el Gobierno de Veracruz debe reintegrar 367.8 millones de pesos de subsidios federales para la reconstrucción de vivienda recibidos entre 2010 y 2013, los cuales no fueron acreditados debidamente.

Además, Invivienda también deberá pagar intereses acumulados desde hace cinco años.

Dichos recursos fueron entregados a partir de un convenio marco firmado entre la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el entonces Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano desde el 28 de octubre de 2010.

El gobierno de Veracruz presentó la semana pasada un amparo directo, último recurso para impugnar la condena, pero el tribunal colegiado de circuito que revisará el caso es el mismo que revocó la absolución que, inicialmente, se había dictado en favor de la presente administración estatal.

El Magistrado Armando Cortés Galván concluyó que el convenio marco obligaba a Invivienda a canalizar los recursos federales a las personas afectadas por fenómenos meteorológicos, en los quince días siguientes a su recepción, o de lo contrario tenían que ser devueltos a la Conavi.

Aún se desconoce qué posición le darán a Nachón, pues la SIOP ya le fue públicamente asignada desde finales de septiembre por Cuitláhuac García al ingeniero pozarricense Elio Hernández Gutiérrez, quien ya repartió también las principales subsecretarías y direcciones de la SIOP.

De colarse el director de Invivienda en el gobierno de Morena, algunos yunistas van a estar de plácemes. Entre ellos la familia del extinto empresario boqueño Valentín Ruiz Ortiz, sus socios en ACCSA, consorcio apoyado por Yunes como secretario de Gobierno en el chirinato, el cual fue beneficiado en noviembre de 1994, a finales del sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, con la concesión de la caseta de peaje de La Antigua.