Como presidenta de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas de la LXIV Legislatura anterior, la diputada panista María Josefina Gamboa Torales visitó en los últimos dos años la mayoría de los reclusorios del estado, entre ellos el de Pacho Viejo, para mostrar a los internos las fotografías de algunos desaparecidos por si acaso los identificaban y podían aportar información para dar con su paradero.

Sin embargo, ni como supuesta defensora de los derechos humanos y tampoco como periodista –profesión que le permitió incursionar en la política– se percató de la grave situación que prevalece en los Centros de Reinserción Social, tal como lo acaba de denunciar Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de los Servicios Periciales y exfiscal auxiliar del fiscal Regional Zona Centro Xalapa preso desde abril de este año en el Cereso ubicado en el municipio de Coatepec por su presunta implicación en la desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de David Lara Cruz, delito que el exfuncionario de la FGE asegura no cometió y que atribuye a una “venganza política” por no prestarse a declarar en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Y es que en la denuncia que este martes presentó su abogado defensor Jorge Reyes Peralta en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, del fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, y del fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, por tortura y otros presuntos delitos, Aguirre Garza relata que al ingresar al Reclusorio Regional de Pacho Viejo, donde fue internado en la sección “A”, Estancia 1, litera 1, “pusieron por órdenes de la Dirección radios con bocina a todo volumen, durante día y noche, por varios días, lo que se convirtió en una tortura, pues cuando llegaba por momentos a conciliar el sueño era por un cansancio extremo, para lo cual ponía un oído sobre una almohada improvisada con una cobija y en el otro oído se ponía un pantalón de mezclilla apretándolo firmemente, pero aun así el ruido del radio no permitía conciliar el sueño, debido al volumen de la música y la repetición de canciones de memoria USB con ritmos de banda y reggaetón”.

Refirió que habló con el director del reclusorio, Gabriel Jiménez Ramírez, pero que éste le dijo que “no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía órdenes superiores”. Por esta tortura, el exfuncionario perdió ocho kilogramos de peso que no ha podido recuperar.

Pero, además, detalla que el día 10 de mayo pasado lo visitó furtivamente el fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Eduardo Coronel Gamboa, quien entre las 01:00 y las 04:00 horas de la madrugada estuvo conversando con él, preguntándole  que “como la estaba pasando, que si podía dormir con la música a todo volumen y a todas horas, con lo cual me queda claro de dónde vino esa instrucción”.

Aguirre Garza ha sido el primero en denunciar, pero se sabe que otros exfuncionarios estatales también recluidos en el Cereso de Pacho Viejo podrían hacer lo mismo después del 1 de diciembre próximo, pues igualmente habrían sido torturados para que declararan en contra del exgobernador Javier Duarte y de su esposa Karime Macías.