Más que la aprehensión de Oscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social, lo que realmente sorprendió fue la detención de su exdelegada Jurídica, Verónica Vera Campos, ¡quien seguía laborando en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado pese a que desde marzo de 2016, hace más de año y medio, había sido señalada públicamente de haber recibido jugosas sumas de dinero por haber liberado a decenas de reos durante el sexenio anterior obviamente en complicidad con su jefe y algunos encargados de reclusorios!

Inclusive, todavía a mediados de junio de este año, empleados de la SSP publicaron de manera anónima una misiva para solicitarle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que hiciera “una depuración profunda en la dependencia”, pues acusaban que continuaban laborando “personas que participaron en la red de corrupción que operó Arturo Bermúdez Zurita”.

En dicha carta alertaban a Yunes que en la SSP continúa una red de corrupción por parte de los encargados de Recursos Humanos y de los movimientos de personal a cargo de la licenciada Verónica Vera Campos junto con David Rebolledo y Sebastián Licona y Roberto con clave ‘Rango’.

Señalaban que dichos funcionarios “cobran en la Dirección de Operaciones” y que presumían ser “muy amigos del Ing. Efraín García Chávez”, secretario particular del subsecretario de Operaciones de la SSP. Acusaron concretamente que Rebolledo, Licona y Roberto (Rango) “se encargan de decirnos (que) para no ser removidos de nuestras áreas en Xalapa, tenemos que entregar una ‘mochada’ de nuestros salarios”.

Y señalaban específicamente que “Verónica Vera Campos es la que se encarga de realizar todo el trámite y papeleo”; que “ella y David Rebolledo López, junto con el lic. Arturo Ferman de la Fuente, subdelegado de Recursos Humanos, y la licenciada Lucy García Trejo, en la torre central, son los encargados de hacer los oficios de comisión de los compañeros.”

“Los tres deciden quién se va, quién se queda, reciben hasta 5 mil pesos por realizar una permuta y nos cobran 8 mil por cambiarnos de adscripción (al lugar donde queramos o regresarnos a Xalapa).

“Cobran por cada movimiento de personal que hacen y lo peor es que se ufanan en decir que lo hacen por órdenes de arriba”, remarcaron.

Mencionaban que Rebolledo López y Sebastián Licona les estaban “pidiendo dinero” a los compañeros administrativos “para sacarlos de la lista para que no vayan al curso de formación inicial o equivalente, y por borrarlos de la lista están cobrando 4 mil pesos”.

Como prueba sugerían checar los oficios número SSP/CEIS/D-/378/2017 y número SSO/D.O/1043/2017, en los que se notificaba el regreso de algunos compañeros a Xalapa.

Exponían que “para que no desconfiemos”, David Rebolledo puso como ejemplo “el cambio de adscripción de su mamá, la señora Felícitas López Hernández, que estaba en la Delegación de Fortín y ahora está en el archivo de la Dirección de Operaciones”, el de la oficial Cruz Hernández Amelia, “que estaba en la División de Policía y ahora ya está en la torre central”, y el de “las hermanas de la Lic. Lucy García Trejo, que jamás las mandan de comisión y no las ponen a disposición y tampoco van a cursos”.

A Yunes le recordaron que “esto, señor gobernador, según sabemos se llama nepotismo” y le inquirían si él había autorizado “que todos los funcionarios de Seguridad Pública traigan a sus madres, padres, hermanos a trabajar, aún y cuando no estén capacitados para eso”.

¿Ahora se entiende por qué Veracruz, en los diez meses de esta administración, registra los peores índices de inseguridad?