Hace poco ya se habían producido algunas quejas sobre el manejo de la secretaría de Salud,  en particular en la Jurisdicción Sanitaria Número 8 con sede en Veracruz puerto, pero que puede ser el mismo sistema que rige en todo el estado lo cual sería muy grave.
 Contrario a los discursos y al manejo que al menos en el plano administrativo contempla este gobierno, se registran  y atentados contra la tranquilidad y seguridad laboral del personal.
  Una denuncia en ese sentido dada a conocer a este espacio señala que no solo se afecta en la economía a los trabajadores sino en la dignidad a quienes laboran en dicha Jurisdicción Sanitaria.

 Y es que según ésta, el personaje que de antemano acusa que será corrido “pero corro el riesgo”, asegura que “ayudé a que los actuales servidores públicos estatales llegaran a donde actualmente están. Me partí el lomo en la campaña y me tragué por completo el cuento del "Gobierno del Cambio". Voté por la alianza del PAN y el PRD porque era justo que el ladrón de Duarte y sus secuaces pagaran la deuda con los veracruzanos”.
 Según Wilson, del Departamento de Vectores de la dependencia mencionada, después de varios meses de esperar al fin fue contratado como Vector en la Secretaría de Salud (fumigador), el pago con retroactivo muy retrasado llegó y cuando se disponía a saldar deudas contraídas por él y su familia, le llegó también la noticia que debía entregar un porcentaje de dinero en efectivo. La impotencia le invadió, dice, al grado que llegó al llanto con sus interlocutores.

“Sé que estas líneas harán que me despidan más no me importa, correré el riesgo”, asegura el trabajador al relatar y revelar el esquema que opera para robarles el sueldo al interior de la Secretaría:
  “Joel Blanco Astorga en contubernio con Fernando Ortiz Vargas, subjefe y jefe de Vectores de la Jurisdicción son títeres de la doctora Verónica Pulido Herrera, la líder de esa camarilla de pillos.  Todos están de acuerdo y nos someten bajo amenazas y extorsiones. Le instruyen a la administración que elabore los cheques, que nos los paguen y en el momento que tenemos los cheques en la mano nos informan que ‘las fechas de pago no coinciden con las fechas de trabajo’ y que es necesario reintegrar una parte del dinero. Me informaron que de no reintegrar el recurso mi contrato sería asignado a otra persona pues tienen a mucha gente en espera”.

  Una de las solicitantes, como parte de la cadena del despojo a los empleados, es  Alejandra Chol Velasco, asistente personal de Verónica Pulido, quien le pidió sin recato alguno 2 mil 400 pesos, cantidad que supuestamente sería reintegrada. “Mi asombro aumentó pues en ningún momento me hizo firmar documento alguno relacionado con el referido reintegro. Todo esto sucedió en la sala de juntas de la Jurisdicción, cuando no tiene facultades administrativas. Su comprobante quedó en una pequeña libreta de la susodicha.
   En efecto, asegura, no se laboró el total de los días pagados, pero existe un proceso interno que le permite reponer los días laborales equivalentes al ingreso percibido, lo que es en beneficio de los trabajadores y de la institución.
 “Me robaron en mi cara. Qué pinche coraje. Necesito el trabajo y no tuve de otra. Lo mismo a otros 20 compañeras y compañeras. Sin embargo no nos fue tan mal como a otros compañeros que de plano les quitaron sus contratos sin importar su antigüedad o sus capacidades. En sus lugares metieron aviadores y cobraron sus quincenas enteras”.
 Y revelan algunos nombres de quienes han sido incrustados bajo ese régimen como son Manuel Sánchez, Rodolfo Saldaña Torres, Jenny Fuentes G, Janet Ortega C, Agustín Vega P, Florente Garcia C y Nancy Campos M entre otros. 

 La camarilla del poder se integra desde la Jefa Verónica Pulido Herrera hasta los subjefes y asistentes Alejandra Chol Velasco, Fernando Ortiz Vargas, Joel Blanco Astorga, Juan Pablo Clasing Palazuelos e Indira Parroquin San Román.
 Asegura Wilson que lo ocurrido en la dependencia puede no ser privativo de esta jurisdicción y por ello hace un llamado al gobernador Miguel Angel Yunes para que ordene una indagatoria al interior para acabar con el perjuicio y daños a la economía familiar de la decena de empleados en esas condiciones.
 Se compromete incluso a una disculpa pública y dar la cara ante la autoridad respectiva si la información resulta falsa o los mencionados demuestran su inocencia.

 Se dirige finalmente al mandatario estatal al no entender que en sus filas pueda existir gente que “roba” y denigra su gobierno por 50 o 60 mil pesos mensuales. Exhiben su nulo profesionalismo y compromiso con el pueblo y el “gobierno del cambio”.
 A nueve meses de iniciado el gobierno no hay más que decepción por estos abusos y por la mafia que se ha formado al interior de la secretaría, afirma.