Primero fue con la fallida solicitud de desafuero que presentó en contra del extesorero Tarek Abadalá, actual diputado federal por Cosamaloapan.

Ahora, el fiscal general Jorge Winckler ha vuelto a errar con el mismo procedimiento legislativo para desaforar al diputado tuxpeño Alberto Silva Ramos, ya que entrevistado al respecto, el líder de la bancada del partido tricolor, César Camacho Quiroz, declaró que “ese asunto ha quedado sin efecto, justamente por la deficiencia de la actuación de la Fiscalía de Veracruz”.

Igualmente, la semana antepasada el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República, le corrigió la plana al fiscal yunista al puntualizar que “el gobierno mexicano está impedido de juzgar a Javier Duarte por conductas distintas a las que se establecieron en la solicitud de extradición”, refutando lo que Winckler había sostenido en una conferencia de prensa sobre otros presuntos delitos que, según él, sí se le podrían imputar al exgobernador recién extraditado de Guatemala.

“Por la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición, las fiscalías federal y local hoy se encuentra limitadas. No podrían imputar otros delitos a Javier Duarte, en consecuencia, pese a todo lo publicado y dicho, el exgobernador (impunidad) ganaría una limpieza jurídica de sus conductas al impedírsele al gobierno actuar en su contra por otros delitos no incluidos en la extradición”, precisó el exembajador de México en Francia.

A principios de mayo de este año, el senador priista Héctor Yunes Landa exponía también que “es tan larga ya, en tan corto tiempo, la lista de agravios y actitudes despóticas que ha realizado el Fiscal General de Veracruz y el solapamiento que de éste sigue haciendo el gobernador, que sólo se puede entender por algún tipo de complicidad inconfesable o porque el empleado supuestamente ‘autónomo’ simplemente cumple órdenes de su ‘jefe’ (…)”.

El comentario de Yunes Landa lo motivó el exabrupto de Winckler, quien había calificado de corruptos a los diputados locales y federales porque no habían procedido los desafueros solicitados contra Tarek Abdalá y el alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, acusado de violencia familiar equiparable.

“Quienes ya lo conocían y quienes ahora lo conocen –escribió hace tres meses el senador priista–, opinan que el fiscal Winckler es un tipo limitado, de escasa experiencia, cuyos dislates sobrepasan los niveles razonables de torpeza propios de los políticos inexpertos que piensan que el poder es infinito e ilimitado y que sus agravios no tendrán consecuencias”, expuso Yunes Landa, quien refirió que fue la propia presidenta del Congreso Local, de su propio partido, la que declaró que la carpeta que el fiscal envió al Congreso para el desafuero del edil de Fortín estaba mal integrada.

También aludió a la “falla garrafal” en el caso de los peruanos que habían robado en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa y que fueron perseguidos y detenidos por policías estatales, pero que posteriormente los liberó una jueza ante la mala integración de la carpeta de investigación por parte del fiscal.

Yunes Landa remarcó que en el caso de Winckler, “el tema de fondo es que un funcionario que debe esmerarse en procurar justicia y hacer expeditos los procesos para ello, así como dar respuestas eficientes a las demandas de los grupos, personas e instituciones que demandan su atención, esté siendo usado como ‘guarura mediático’ ante la tan evidente falta de resultados de un gobierno estatal que pretende recuperar el apoyo social mediante ‘pan y circo’ y profiriendo ofensas en contra de un Poder (Legislativo) al que debe absoluto respeto.”