En su campaña de 2016, como candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares fue a Pánuco y públicamente le reclamó al entonces contralor general del estado Ricardo García Guzmán que era “la tapadera” del gobernador Javier Duarte y que por eso el priista lo había puesto ahí, para encubrir el saqueo.

Lo extraño es que ahora Yunes, quien la semana anterior se ofreció como testigo y a presentar pruebas ante la Procuraduría General de la República al ver que la PGR batallaba para presentar ante el juez federal los datos mínimos para vincular a proceso penal al exgobernador por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de los presuntos desvíos en su administración, no ha procedido aún contra el excontralor duartista, cuyo hijo, el diputado Rodrigo García Escalante, el cual renunció primero al grupo legislativo del PRI-PVEM y ahora se integró a la bancada del PAN, se atrevió a declarar que Duarte de Ochoa, con quien colaboró al final de su administración como director de Inversión Pública, “no debe salir impune”, advirtiendo que los veracruzanos no “lo vamos a permitir”, y que además deben ser castigados “todos aquellos que hicieron un daño al erario público”.

Tanto Yunes como el hijo legislador de García Guzmán se han visto cínicos y protagónicos a costa del proceso penal que se le sigue a Duarte, pues el mandatario panista ha sido omiso y el otro, junto con su padre, fue igualmente cómplice del exgobernador.

Y es que, por ejemplo, hasta el momento la Fiscalía yunista no ha procedido aún contra el excontralor ni contra el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a quienes se atribuye haber archivado en unos minutos y sin indagar un total de 13 averiguaciones previas por presuntos desvíos de recursos registrados durante la administración anterior.

La conducta delictiva que se investiga deriva de la declaratoria de incompetencia dictada por la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, a principios de 2015, para integrar 13 averiguaciones previas iniciadas por denuncia de la ASF por el presunto peculado de cientos de millones de pesos pertenecientes a fondos del sector salud e infraestructura previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuando la Fiscalía de Veracruz recibió las indagatorias federales, de inmediato giró un oficio a la Contraloría del Estado para solicitar informes sobre los recursos cuestionados.

De acuerdo con la versión del diario Reforma, la Contraloría tardó 16 minutos en responderle a la Fiscalía que los recursos señalados por la ASF habían sido debidamente aplicados o, en su defecto, no habían sido desviados.

Una vez que la Fiscalía recibió el informe, tardó una hora en determinar el no ejercicio de la acción penal de las 13 averiguaciones, es decir, archivarlas por falta de elementos, aunque sin llevar una sola diligencia.

La ASF no se enteró, en principio, de que la PGR se había declarado incompetente para investigar estos casos, porque no fue notificada por el Ministerio Público Federal.

Supo lo que había ocurrido con sus denuncias cuando la Fiscalía veracruzana ya las había archivado.

Hace un par de semanas, el periódico capitalino publicó que la ASF sostiene actualmente una batalla legal para tratar de revocar la determinación de incompetencia de la PGR para investigar actos de corrupción en Veracruz, cuestionando que la dependencia no recabara su opinión antes de que determinara enviar las investigaciones a autoridades estatales, decisión que tomó a sus espaldas.

De ganar la ASF sus demandas, las 13 averiguaciones serían reabiertas a nivel federal.