Gracias al exgobernador Javier Duarte y al Congreso del estado –pues la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción no solo es responsabilidad del mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, cuya principal promesa de campaña fue combatir la corrupción y la impunidad–, este lunes, Veracruz volvió a ser blanco del escarnio nacional.

Y es que, por un lado, televisoras, estaciones de radio y portales de internet estuvieron informando hora tras hora, desde la madrugada, cada paso del exmandatario veracruzano que por la mañana fue extraditado de Guatemala e internado hacia el mediodía en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; pero, por el otro, la entidad también quedó malparada por el señalamiento que este mismo día hicieron algunos diarios capitalinos acerca de que Veracruz encabeza la lista de ocho estados que no cumplieron a tiempo con la creación de las leyes de sus Sistemas Locales Anticorrupción, pese a que en 2016 se dio la alternancia en el poder precisamente por el repudio de la ciudadanía al gobierno corrupto de Duarte, quien inicialmente por esa causa lo expulsaron del PRI.

Paradójicamente, fue el senador priista Héctor Yunes Landa quien en un texto difundido el 11 de julio urgió al Congreso local para que cumpliera con la armonización de los sistemas locales anticorrupción, pues el término legal para hacerlo vencía el siguiente martes 18. En esa ocasión, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta consideró “una pena que Veracruz sea el último lugar del país cuando el presidente de la Comisión es veracruzano; el tiempo se agota y no se observa voluntad política de las autoridades del estado, a pesar de los graves problemas que se han venido denunciando.”

El excandidato del PRI a gobernador apuntó que “en Veracruz hemos venido escuchando de presuntos actos de corrupción; sin embargo, las autoridades poco han hecho para establecer controles y asegurar la sanción a los responsables, que es el propósito del sistema estatal anticorrupción. Nos preocupa que se trate de un doble discurso, justamente cuando el sistema busca otorgar las herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos vinculados a esta práctica nociva”.

Coincidentemente, dos días después de estos señalamientos, el jueves 13, a través de un procedimiento legislativo especial, los diputados locales aprobaron al vapor las reformas a la Constitución Política del estado, las cuales, para que entren en vigor, debían someterse también a la aprobación de al menos 107 de los 212 Cabildos del estado.

Luego de conocer los alcances de la reforma constitucional aprobada ese día por el Congreso local, Yunes Landa advirtió que era apenas el primer paso del proceso de armonización, pues aún estaban pendientes la aprobación de una Ley del sistema local anticorrupción, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la conformación del Comité de Participación Ciudadana –que, puntualizó, deberá integrarse por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción–, la integración del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre autoridades del Estado y los municipios.

El senador dijo que a pesar de la reforma, Veracruz continuaría en el último lugar nacional de avance en la materia. Sin embargo apuntó que “no es importante quien llega primero o quien llega después. Lo más importante es que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en un instrumento que garantice el uso adecuado de los recursos públicos, previniendo y sancionando todos los actos de corrupción”.