Con toda la información y complicidades de alto nivel que presumiblemente tenía, ¿a quién o a quiénes no convenía que Ricardo Pacheco Tello, (a) El Quino, fuera capturado con vida? ¿Fue mera coincidencia que el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) haya sido “abatido” por la Marina Armada de México?

No es por alimentar el sospechosismo, pero basta recordar que a principios de 2011, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, del PAN, el CJNG arribó a Veracruz autodenominándose “Los Mata-Zetas”, según videos que difundieron en YouTube en los que aparecían encañonando a los sicarios del cártel rival.

La presencia del CJNG en Veracruz coincidió con otras ejecuciones ocurridas en junio y julio de 2011, entre ellas las de algunos periodistas porteños que presuntamente estaban vinculados a Los Zetas. Sin embargo, el incidente más impactante sucedió el 20 de septiembre de ese mismo año, cuando fueron arrojados 35 cadáveres por un comando armado frente a la plaza comercial Las Américas, de Boca del Río, a unos metros del Centro de Convenciones del World Trade Center, donde al día siguiente iniciaría el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia de todo el País.

Fuentes castrenses consultadas por el diario La Jornada en la Ciudad de México confirmaron en esa ocasión que integrantes del cártel jalisciense habrían sido los autores de la matanza de 23 hombres y 12 mujeres que presumiblemente pertenecían a la organización criminal liderada entonces por Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales. El hecho ocurrió dos semanas después de que la Secretaría de Marina había informado sobre el desmantelamiento de una red de comunicación del Cártel de Los Zetas y la captura de 80 integrantes de esa organización delictiva, y al otro día de la fuga de 32 reos de los penales estatales de La Toma, Duport-Ostión y José María Morelos.

Los cadáveres fueron abandonados a media tarde bajo un paso a desnivel por hombres armados que viajaban en dos camionetas Suburban negras y en dos estaquitas de redilas blancas.

¿Cómo lograron burlar el cerco militar en la zona hotelera donde se hospedarían y sesionarían los presidentes de tribunales y procuradores de justicia del País? Esa sigue siendo hasta ahora la gran incógnita. Elementos de la SEDENA y de la Armada de México desplegaron un operativo en toda la conurbación Veracruz-Boca del Río, así como en las salidas a Xalapa, Córdoba, Alvarado y la región de La Mixtequilla, pero inexplicablemente no detuvieron a ningún criminal. Tampoco se conocieron las grabaciones de las videocámaras de la Secretaría Seguridad Pública instaladas en ese transitado corredor comercial del municipio boqueño, donde, por cierto, despachaba como subsecretario B de la SSP el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, quien fue detenido ocho meses después, en mayo de 2012, por la PGR –todavía durante la administración calderonista–, la cual, según versiones extraoficiales obtenidas por la periodista Anabel Hernández, publicadas en la edición número 1914 de la revista “Proceso” del domingo 7 de julio de 2013, habría sido presionado para que como “testigo protegido” implicara con el narcotráfico al entonces gobernador Javier Duarte y a su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quien no mencionaron por su nombre.

Coincidentemente, ese mismo año, Ricardo Monreal, a la sazón diputado federal del PT, denunció en su libro “Escuadrones de la muerte en México” la existencia de grupos paramilitares que con la autorización de los altos mandos castrenses, durante el calderonato, actuaban y eran entrenados clandestinamente en Veracruz, por la región de Álamo.