Este domingo, en un periódico capitalino muy afín al gobierno yunista de Veracruz, fue filtrado que la reciente detención de los presuntos asesinos de Camilo Castagné Velasco, el comisionado estatal de la Policía Federal ejecutado en Cardel, “puede destapar un asunto muuuy gordo”.
La versión periodística dice que “de acuerdo con las pesquisas de las autoridades, todo apunta a que el móvil del crimen tiene que ver con, ¡sorpresa! El buen trabajo del oficial”, ya que, “según esto, Castagné y su equipo habían comenzado a dar fuertes golpes contra los huachicoleros veracruzanos, que a últimas fechas se han fortificado en ese territorio”.
“Y obviamente no hay delincuente que no tenga cómplices, por lo que el asesinado comandante ya comenzaba a tener claros los hilos de corrupción y protección que tienen los ladrones de combustible por parte de policías y funcionarios locales. Un asunto muy explosivo.”
Lo extraño es que si el comandante de la PF estaba expuesto a una situación tan vulnerable no haya tomado las debidas precauciones. Castagné, en parte, fue víctima también de la evidente omisión de los gobiernos federal y del Estado que desde hacía tiempo fueron advertidos de la implicación de grupos criminales en este jugoso negocio ilícito y no hicieron prácticamente nada.
Precisamente el lunes 29 de mayo, casi cuatro semanas antes de su ejecución, Castagné participó en Poza Rica en la reunión de seguridad que encabezaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Miguel Ángel Yunes para coordinar acciones contra el robo de combustible y resguardar el poliducto de Pemex que iniciaba en Minatitlán, cruzaba el centro de Veracruz y se extendía hacia Puebla.
El titular de la SEGOB precisó que la encomienda para los cuerpos de seguridad federal y locales era dar con los líderes de quienes promueven la ordeña de gasolinas y que ya contaban con información parcial de toda una cadena de actores que participaban en este robo a la Nación.
Pero desde hacía más de un año, publicaciones digitales ya habían difundido información al respecto. El 22 de enero de 2016, por ejemplo, el portal “Contraste” dio a conocer un correo anónimo enviado a diversos medios de la entidad, sobre el sonado caso de los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, uno de cuyos móviles fue el supuesto vínculo de familiares de una de las víctimas con una red de chupaductos.
Desde esa ocasión se acusó la presunta complicidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Arturo Bermúdez Zurita –actualmente preso en Pacho Viejo–, con miembros del crimen organizado, señalándose directamente a Ricardo Pacheco Tello, (a) El Quino, recién abatido en la ciudad de Puebla, al cual se identificaba como jefe de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona Veracruz-Boca del Río y la persona a la que policías le habrían entregado a los jóvenes terrablanquenses que fueron desaparecidos.
También se indicaba que un líder transportista, compadre de El Quino, “es un malandrote que lo apoya en todo hasta para el robo de hidrocarburos.”
Y referían que Ricardo Pacheco fue detenido en el 2013 por la SIEDO “y no se sabe cómo madre salió... ya que según las autoridades hacen un trabajo competente... y ahora es la persona que trae asoleado Veracruz.”
Causó extrañeza que El Quino, acompañado de solo otra persona, haya sido abatido en Puebla por la Marina Armada de México, cuando el día anterior diez de sus compinches se habían entregado a las fuerzas federalesssin disparar un solo tiro.