Desde que inició su administración, en diciembre de 2016, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha encabezado por lo menos una vez cada semana las reuniones del “Grupo Coordinación Veracruz”, en las que los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, del CISEN y funcionarios estatales definen supuestamente acciones concretas para mejorar la seguridad pública en la entidad.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha visto mejoría en esta materia. Este sábado, inclusive, hizo crisis con la ejecución del comisionado estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné, uno de los asiduos participantes de estas reuniones.

¿Castagné habrá expuesto en la última reunión en la que participó que él o alguno de los otros oficiales de la PF que lo acompañaban en el restaurante “La Bamba”, de Cardel, habían recibido amenazas de muerte? Se deduce que no, porque ellos mismos habrían tomado sus propias precauciones. El mismo gobernador les habría ofrecido o asignado también una escolta permanente.

¿Por qué se sentían inmunes, conociendo la crítica inseguridad que prevalece en la entidad?

¿Y cómo es que cuatro presuntos criminales los ejecutan y escapan sin mayor problema?

Este lunes, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, declaró que en el estado no hay una estrategia concreta y bien articulada para combatir a la delincuencia y reducir la violencia.

“Lo que nosotros estamos viendo es que se están dando tiros al azar, pero no hay una estrategia bien articulada con la Federación, no sé si es porque son de partidos diferentes o por qué, pero no estoy viendo una estrategia bien articulada para cambiarlo”, remarcó Miranda de Wallace, quien lamentó que las víctimas hayan sido de la Policía Federal, pues dijo que “esto me suena un poco a la política que instrumentaron en Colombia los delincuentes, Pablo Escobar, de empezar a matar policías para crear terror”.

Sin embargo, la activista expuso otro punto de vista que debería analizarse con la debida atención: que en Veracruz quien manda es el grupo delictivo de Los Zetas y que en la entidad hay muy malas policías que, en muchos casos, están infiltradas por la delincuencia organizada.

Habría que empezar por la propia Policía Federal. Y es que a mediados de septiembre de 2016, el semanario Proceso, por ejemplo, le dedicó un amplio reportaje a Manelich Castilla Craviotto, quien el 29 de agosto acababa de ser designado por el presidente Enrique Peña Nieto como comisionado general de la Policía Federal (PF) en sustitución de Enrique Galindo Ceballos.

Hijo de un exjefe de escoltas del empresario Carlos Slim, Manelich Castilla pasó de ser empleado del magnate en la Fundación Telmex entre 1997 y 2009, a instructor académico en la PF. Y sin mayor experiencia en la operación policial, en marzo de 2010 Genaro García Luna le dio su primer cargo de campo: el de coordinador operativo de la Policía Federal en San Luis Potosí, donde estuvo hasta marzo de 2011, luego del ataque contra dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos perpetrado por Los Zetas un mes antes, el 15 de febrero.

Un exagente de inteligencia de la PF, que se presentaba con el pseudónimo de “Tomás Borge”, difundió dos años después la versión de que el ataque fue un equívoco porque el objetivo era Castilla Craviotto, en una supuesta venganza por haber “vendido la plaza” al Cártel de Sinaloa después de haberse arreglado con Los Zetas.

¿Algo similar estará sucediendo en Veracruz?