Hace cuatro semanas, el jueves 1 de junio, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 40 con sede en la ciudad de San Andrés Tuxtla, se llevó a cabo una audiencia de ley para el desahogo de pruebas confesionales y testimoniales presidida por el magistrado Alberto Pérez Gasca, para la cual fue requerido formalmente Jorge Winckler Yessin, titular de la Notaría Pública número 35 de Salina Cruz, Oaxaca, pero el fedatario istmeño no se presentó ni mandó representante legal pese a que es una de las partes involucradas en el expediente agrario 467/2014 promovido por tres hijos de la finada María Candelaria González Amaya, del ejido Comoapan, quienes están reclamando sus legítimos derechos como herederos universales según lo acreditaron con la resolución emitida el 14 de febrero de 2011 en el juicio civil 407/2010/III.

Alejandra María Bianchi González, en representación de sus hermanos Iris Luz y Luis Leonardo, declaró que a principios de septiembre de 2014 ejidatarios de Comoapan le informaron que “tenían entendido que nos habían pagado dichos derechos por cuatro parcelas que eran propiedad de su madre, por lo que ante tal situación, en su carácter de albacea y heredera universal, acudió a la delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, y que ahí fue informada de acuerdo a la constancia de asientos registrales que su tío Ricardo González Amaya presentó una lista de sucesión de fecha 26 de febrero de 2005, pasada ante la fe del notario oaxaqueño Winckler Yessin, “en el que supuestamente mi señora madre María Candelaria González Amaya compareció ante dicho fedatario público y lo nombró como sucesor de las referidas parcelas (…), situación que dudo haya ocurrido ya que mi señora madre falleció el 25 de mayo del 2004”, ya que su propio tío fue quien identificó el cadáver, según consta en el acta de defunción número 01797.

Bianchi González expuso, además, que con la lista de sucesión apócrifa y con la adjudicación de las parcelas que eran de su señora madre, su tío, en fecha 20 de junio de 2006, enajenó las parcelas referidas a favor de los señores Eustaquio Cosme Campechano y Ricardo Antonio Álvarez Hernández, a los que señaló como prestanombres del entonces alcalde Augusto Rafael Carrión Álvarez, ya que estos bienes pasaron a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, que actualmente, bajo la administración de Manuel Rosendo Pelayo, proyectaban producir especies maderables en el vivero “Luis Bianchi”, mismo que ante este conflicto legal presuntamente el munícipe pretendía entregar a la Universidad Veracruzana, cuyas autoridades también han sido requeridas en este juicio.

La agraviada asentó que a ella y a sus hermanos –que eran menores de edad cuando sus padres fallecieron– estos actos “nos indignan” porque las autoridades administrativas, municipales y registradoras se apropiaron de estos bienes inmuebles que por derecho les corresponden, por lo que demandan que mediante sentencia judicial que cause ejecutoria se declare la nulidad absoluta e inexistencia de la lista de sucesión de fecha 26 de febrero de 2005 certificada por el notario Winckler Yessin, en la que increíblemente su madre, ya fallecida, habría nombrado a su tío como único sucesor de las parcelas ejidales referidas.

Flaco favor le hace este notario oaxaqueño, con su fraudulento don de “médium”, a su hijo Jorge Winckler Ortiz, quien como fiscal general de Veracruz tiene encima a los colectivos que buscan familiares desaparecidos, a los diputados locales que tildó de “corruptos” y a la opinión pública en general que le pide menos protagonismo y mayor eficiencia en la procuración de justicia.