Este sábado fue difundido de manera anónima un audio en el que supuestamente el entonces gobernador Javier Duarte instruye con regaños a Tarek Abdalá Saad, a la sazón tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para “hacerles llegar los recursos” al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que por esas fechas presidía el mexiquense César Camacho Quiroz, actual coordinador del Grupo Legislativo del partido tricolor del que el exfuncionario duartista forma parte como representante popular por el distrito electoral de Cosamaloapan.

Pero la filtración de la grabación de esta presunta conversación telefónica entre Duarte y Tarek sólo es para hacer ruido mediático, ya que en caso de que realmente fuera auténtica no tendría validez legal por su origen clandestino.

¿A quién le conviene activar escándalos que sólo tendrán resonancia en los medios de comunicación pero ninguna consecuencia penal?

Sospechosamente la grabación fue difundida luego de que las autoridades guatemaltecas anunciaron que en cuestión de horas el exgobernador Duarte de Ochoa será extraditado a México para enfrentar judicialmente los cargos que le imputan las fiscalías de su país y de su estado, las que, por cierto, en el caso de los delitos atribuidos por la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares, el propio exmandatario veracruzano y sus abogados defensores consideraron como “acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”, en un comunicado que hicieron circular el mismo día en que el expriista aceptó allanarse a la solicitud de extradición.

¿Acaso Yunes y su fiscal se estarán “amarrando del dedo” por si legalmente se les cae este caso igual como estaría por suceder con los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en Puebla por el crimen del comisionado de la Policía Federal, Camilo Castagné, ejecutado el sábado antepasado en Cardel, los cuales fueron liberados la semana anterior por un juez federal y recapturados horas después por la Fiscalía veracruzana?

Y es que, de acuerdo con la Ley de Extradición, Javier Duarte sólo será juzgado en México y Veracruz por los delitos específicos reclamados por las fiscalías federal y estatal ante las autoridades judiciales de Guatemala, país donde fue capturado a mediados de abril pasado.

Así que si finalmente el exgobernador veracruzano y sus abogados logran echar abajo las acusaciones que le ha imputado la Fiscalía General del Estado, entonces el gobierno estatal del PAN-PRD ya tendrá pretexto para excusarse de su yerro al reforzar desde ahora la insinuación de que por sus aportaciones millonarias al CEN del PRI –lo que la mayoría de los gobernadores del tricolor y de otras filiaciones suelen hacer discrecionalmente a sus respectivos partidos y candidatos– Duarte de Ochoa quedaría impune por esta y otras presuntas complicidades con el priismo que en 2018 intentará retener el gobierno federal.

¿O a poco habrá algún ingenuo que suponga que este audio fue filtrado por la administración priista del presidente Peña Nieto, cuando Duarte fue sumamente tóxico para los candidatos del PRI en las elecciones de 2016 y 2017, perfilándose nuevamente como “el villano favorito” para la sucesión presidencial del año próximo, en la que también se renovará la gubernatura de Veracruz?

Además, ¡qué mejor distractor en estos momentos en que el estado de Veracruz sigue postrado ante la peor inseguridad de su historia –crecen las ejecuciones, el robo de vehículos y los asaltos a comercios y viviendas–, sin que se hayan recuperado aún las decenas de miles de millones de pesos saqueados en la administración anterior, sin gran obra pública ni fuertes inversiones privadas que reactiven el empleo y la economía para abatir la galopante pobreza!