Por lo menos desde hace casi tres años, el 7 de noviembre de 2014, la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo todavía del hidalguense Jesús Murillo Karam– una bien documentada “denuncia de hechos” por el presunto desvío de 45 mil millones de pesos detectados, hasta ese momento, a la administración del entonces gobernador Javier Duarte, desfalco que el máximo órgano fiscalizador del País advertía que podría ampliarse ya que aún faltaban por conocerse los resultados de algunas auditorías de 2014, la revisión final de 2015 y la de 2016.

La PGR, pues, recibió oportunamente los elementos legales para proceder penalmente contra Duarte de Ochoa y así evitar que él y sus cómplices continuaran saqueando al gobierno de Veracruz, pero la Fiscalía federal no hizo absolutamente nada, hasta octubre de 2016 cuando libró una orden de aprehensión contra el gobernador luego de que éste solicitara licencia al Congreso local para separarse de su cargo con el supuesto propósito de “limpiar su nombre”.

Esta tardanza de la PGR para investigar las denuncias de la ASF, que funcionó como un escudo que aún puede otorgarles impunidad a varios parientes, cómplices y excolaboradores del exmandatario, es lo que benefició también al abogado egresado del ITAM, Alfonso Ortega López, el cual fue acogido como “testigo protegido” por el Ministerio Público federal pese a ser el verdadero cerebro financiero y jurídico de la organización criminal encabezada por el expriista.

Por toda la información incriminatoria que presuntamente ya aportó, es que Ortega López, a diferencia de su exjefe, no pisará la cárcel y podrá disfrutar libremente los millones de pesos que se embolsó por su asesoramiento a Duarte y camarilla en el fondeo de los recursos públicos desviados ante las narices de la PGR.

Al igual que este abogado del ITAM, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares también parece querer acogerse al mismo programa de la Procuraduría General de la República, pues, como se recordará, el 1 de agosto del año pasado Javier Duarte, acompañado de diputados y de algunos alcaldes, denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado al panista por enriquecimiento ilícito, anunciando que posteriormente lo haría también ante la PGR, una denuncia muy similar a la que en mayo de 2013 había presentado también contra Yunes el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, misma que ratificó tres años después ante el MP federal.

Y es que ahora Yunes, quien aparentemente es protegido por la PGR, se ha ofrecido a ésta como testigo en la causa penal contra Duarte. Anunció que la Fiscalía federal lo aceptó como testigo en el caso de su antecesor, según le confirmaron el viernes pasado. “Lo haré en la etapa de investigación complementaria, que es la etapa posterior a la audiencia del día de hoy (sábado), donde ya se desahogan todas las pruebas”.

“Y como lo dije en mi intervención, aportaré todas las pruebas que tengo en mi poder para contribuir a que se haga justicia, para contribuir a que se sancione severamente a quien tanto daño hizo a los veracruzanos, y también para exigir que se recuperen los recursos que fueron indebidamente sustraídos del patrimonio público”, afirmó.

Pero el abogado Marco Antonio del Toro advirtió que si efectivamente la PGR toma el testimonio de Yunes, la defensa de Duarte interrogará al gobernador. ¿Qué le podrá preguntar Del Toro, quien también es defensor de la maestra Elba Esther Gordillo, la cual debe saberle muchos secretos al panista, su exprotegido?