Ha llamado la atención que de la Fiscalía General del Estado, que formalmente es un organismo con autonomía constitucional, no han hecho hasta el momento algún pronunciamiento público sobre las modificaciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, promovidas y aprobadas en su mayoría por diputados locales de la alianza PAN-PRD, las cuales acotaron las restricciones que en la entidad se habían impuesto a actividades con animales como las peleas de gallos, las carreras de caballos y las corridas de toros, entre otras.

Y es que ni siquiera el fiscal especializado en Investigación de Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés de la Parra Trujillo, ha dicho “pío” pese a que el 2 de febrero de este año en Tlacotalpan, muy en su papel, trató de impedir el tradicional embalse y suelta de toros que forma parte de los festejos populares en honor de la virgen de La Candelaria, lo que provocó tremendo zafarrancho y la detención de 60 lugareños.

La que en cambio sí se pronunció y duro en contra de esta reforma fue la directora del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra el maltrato hacia los animales, Nuria Querol Viñas, quien consideró un retroceso que el Congreso local haya votado a favor de permitir las peleas de gallos y corridas de toros en un estado castigado por la violencia.

La representante del FBI, quien estuvo presente en la sesión legislativa del martes, expuso que “habíamos puesto, de hecho, a Veracruz como ejemplo a nivel internacional, (…) como avance muy importante en materia de protección animal”, pero que esta reforma es un grave retroceso legislativo, pues significaría promover más violencia en un estado severamente castigado por la inseguridad.

Inclusive refirió que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU ha exhortado al gobierno mexicano para que aleje a la niñez de este tipo de espectáculos.

La especialista del FBI remarcó que existen estudios de la agencia de seguridad estadounidense y “está documentado desde hace muchísimos años tanto a nivel académico como a nivel policial, (…) que el 46 por ciento de asesinos en serie había matado o maltratado a sus animales de compañía, en otros estudios vemos que las cifras son similares y la correlación de maltrato animal con otros delitos”.

Es más, en el gabinete del gobierno yunista hay funcionarios que en su momento enfrentaron situaciones riesgosas en espectáculos como las carreras de caballos.

Ahí está el caso, por ejemplo, del actual titular de la SIOP, Julen Rementería, quien como alcalde del puerto de Veracruz fue implicado en marzo de 2007 en la competencia de equinos en Villarín, donde hubo un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del Golfo y Los Zetas con varios muertos y heridos.

En Costa Esmeralda, en el municipio de Nautla, el principal organizador de carreras de caballos en esa región era Gerardo Ochoa Artesán, (a) “Lacaine”, primo hermano de Tomás Ochoa Celis, “El Tommy”, detenido en diciembre de 2009 en Tamaulipas por operar para el Cártel del Golfo el trasiego de cocaína desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos. “Lacaine” desapareció misteriosamente después de los hechos de Villarín.

Lo más paradójico es que el principal promotor de esta reforma legal fue el diputado local por el distrito de Emiliano Zapata, Daniel Olmos Barradas, en cuyo municipio se han organizado peleas de gallos que han terminado entre hechos violentos. En diciembre de 2011, por ejemplo, estalló una granada de fragmentación en un palenque improvisado en una bodega de la congregación de Cerro Gordo.