Aunque muchos suponen que la detención del exgobernador Javier Duarte habría sido premeditada por el gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto para apoyar a su partido en la sucesión gubernamental del Estado de México –considerado la joya de la corona por ser el principal bastión del priismo nacional, clave para la elección presidencial de 2018–, lo cierto es que la aprehensión del repudiado expriista veracruzano ha tenido otro impacto inmediato equiparable al de una bomba madre: borrar casi por completo en los medios de comunicación del país el escandaloso Caso Odebrecht, un obús intercontinental que el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos activó en diciembre pasado al publicar la confesión en la que directivos del consorcio brasileño admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a gobernantes y funcionarios de 11 países de América Latina, entre ellos México.

La maquinaria corruptora de Odebrecht –una constructora trasnacional que cuenta con 128 mil empleados y que reporta ingresos brutos de 40 mil millones de dólares– quedó al descubierto por la llamada “Operación Lava Jato”, que investiga desde 2014 una red corrupta en Petrobras, la petrolera estatal brasileña.

A principios de marzo pasado, en un video en Facebook, el dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, señaló: “Este es un asunto que se está investigando y se está procesando en Estados Unidos. Pronto se darán a conocer los nombres de los altos funcionarios públicos que recibieron sobornos en nuestro país, desde luego que con la anuencia, con la complicidad de Felipe Calderón”.

Pero la semana anterior, la revista brasileña Veja – basándose en documentos judiciales de la investigación en Brasil– sacudió al régimen de Peña Nieto al señalar que funcionarios de PEMEX habrían recibido sobornos de 10.5 millones de dólares, incluyendo al exdirector Emilio Lozoya Austin, quien renunció en febrero de 2016.

De acuerdo con esta publicación, Lozoya –egresado del ITAM, muy cercano al ex secretario de Hacienda y actual canciller, Luis Videgaray, a cuyo lado colaboró como encargado de Asuntos Internacionales en la campaña presidencial priista de 2012– habría recibido en 2014 un pago de 5 millones de dólares de Odebrecht a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera mexicana. El artículo de Veja cita declaraciones de dos altos ejecutivos de Odebrecht. Lozoya, obviamente, negó haber recibido sobornos del consorcio brasileño.

Sin embargo, de los pocos contratos que ha hecho públicos Petróleos Mexicanos, destaca uno que en 2010, durante la administración del expresidente Calderón, fue firmado por PEMEX Gas y Petroquímica Básica con Braskem, S.A. (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa para el suministro de gas etano. Ese contrato, considerado la verdadera joya del empresario Marcelo Odebrecht, actualmente preso, es el relativo a la venta a la empresa Etileno XXI de 66 mil barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, Odebrecht se comprometió entonces a construir en Coatzacoalcos su planta de Etileno XXI, cuya inversión final sobrepasó los 5 mil millones de dólares.

En Minatitlán, Odebrecht también desarrolló otros proyectos en los que PEMEX autorizó pagos por “gastos no recuperables” por suspensión de los trabajos, ajuste de precios de los insumos y otros pagos excesivos al contratista. En total, la Auditoría Superior de la Federación pidió justificar más de 650 millones de pesos.

Hace dos meses, el titular de la PGR, Raúl Cervantes, viajó a Brasilia dizque para iniciar un intercambio de información relacionada con el caso Odebrecht. Coincidentemente, la detención de Javier Duarte opacó este asunto al que solo la prensa extranjera le sigue dando seguimiento.