Además de la gubernatura de Veracruz, que por fin obtuvo en la elección del año pasado, el panista Miguel Ángel Yunes Linares tenía otra obsesión: detener personalmente a Javier Duarte de Ochoa.

¿Por qué Yunes no pudo echarle el guante a su odiado antecesor como ansiaba? Porque él, al igual que el exgobernador expulsado del PRI, tuvo que respetar un presunto acuerdo con el gobierno federal, que fue quien finalmente se llevó el mérito de la aprehensión y determinó el momento político preciso en que debía exhibir preso al repudiado excorreligionario.

Y es que solamente uno que otro ingenuo se habrá tragado el cuento de que no podían hallar al exmandatario veracruzano. Casi todo mundo sabía que Duarte había huido en octubre pasado hacia la frontera sur, primero a Chiapas, de donde casualmente es originario y mantiene fuertes intereses económicos y políticos su suegro Antonio “Tony” Macías. Ahí fue ubicado a finales de ese mismo mes no sólo por el sacerdote Alejandro Solalinde, sino también por un grupo de veracruzanos que, en marzo de este año, lo vieron llegar a una tienda de conveniencia de una gasolinería, en el municipio chiapaneco de Suchiate, a bordo de una camioneta Toyota, Land Cruisser de color gris acero, de modelo muy reciente y con placas del estado de Chiapas, según publicó el periodista Roberto Valerde hace tres semanas.

Por la forma en que fue localizado y detenido el exgobernador, hasta ahora se tiene la percepción de que todo habría sido previamente pactado. Le permitieron convivir unas horas con sus hijos –con los cuales tenía la costumbre de cenar pizza todos los jueves, motivo por el cual llegó a disculparse en reuniones oficiales en la Casa Veracruz–, mientras que su esposa, suegros, cuñadas y concuños, señalados también de presunta corrupción, no han sido vinculados a ningún proceso penal todavía. Los hijos y la familia política de Duarte se trasladaron en un vuelo privado y se encontraron en un lujoso hotel del principal destino turístico de Guatemala. No podían ser más burdos. El colmo es que hasta un reportero de la agencia de noticias The Associated Press tenía su número telefónico, pues le marcó para preguntarle sobre su detención y estado de salud.

La aprehensión de Duarte a casi 45 días de las elecciones del Estado de México ha generado también la percepción de que se trataría de un golpe mediático del gobierno priísta del presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la imagen de su partido y catapultar la endeble candidatura de su primo Alfredo del Mazo Jr. al gobierno de esa entidad, cuya contendiente a vencer es Delfina Gómez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Ayer precisamente, en su cuenta de Twitter, el dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, consignó: “Detienen a Duarte para simular que combaten la corrupción. Pero el pueblo no se conforma con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN”.

En efecto, todo parece indicar que la detención de Duarte es una bomba madre que fue activada justamente en este momento no sólo para impulsar al PRI en el estado natal de Peña Nieto, sino también como una especie de “caja china” para distraer a la opinión pública de otro escándalo mayor que amenaza con cimbrar a la administración federal del mexiquense: el que motivó en febrero de este año la “renuncia” del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, cuyos corruptores de un consorcio brasileño han implicado también a connotados militantes del PAN, entre ellos al expresidente Felipe Calderón, el exjefe del gobernador Yunes Linares.