Con el argumento de que quieren ser una “oposición responsable”, para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no les endose su anunciado fracaso al final de su corta administración, los diputados locales del PRI le han venido aprobando al mandatario panista todas las propuestas que les ha turnado hasta el momento.

Así, por ejemplo, le ratificaron el nombramiento de Jorge Winckler Ortiz como titular de la Fiscalía General del Estado, un abogado incondicional de la familia Yunes que ha sido severamente cuestionado precisamente por su falta de autonomía pero además por la insensibilidad y sarcasmo con que ha tratado a los colectivos dedicados a la búsqueda de los miles de desaparecidos; luego, pese a que estaba violando la Constitución Política del estado, le autorizaron a finales de diciembre una prórroga de tres meses para que presentara el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017; y, hace apenas tres semanas, luego de una tímida resistencia, terminaron apoyándolo para que reestructure la deuda pública estatal que asciende a 46 mil millones de pesos.

Quién sabe si los priistas, que en el pasado reciente todo le aprobaron también al exgobernador Javier Duarte de Ochoa –obviamente no eran los mismos diputados de ahora, pero sí otros del mismo partido tricolor–, han caído en cuenta que con Yunes Linares están siendo corresponsables también de los excesos de poder y del autoritarismo que igualmente caracterizaron al exmandatario prófugo, el cual, ante la falta de un eficaz contrapeso por parte del Legislativo, llevó a la entidad al desastre social y financiero que terminó costándole al PRI la pérdida de la gubernatura por primera vez en 87 años.

Hasta ayer por la tarde, el único grupo legislativo de oposición que había hecho un pronunciamiento crítico y puntual sobre la pretensión del gobernador panista de “instaurar en Veracruz un estado de excepción constitucional en materia financiera”, fue el de MORENA, cuyo coordinador Amado Cruz Malpica refirió que el 30 de marzo pasado Yunes envió un oficio donde informa a la Presidenta del Congreso que aplicará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017 aprobado el 30 de diciembre anterior a pesar de refrendar que es deficitario y que no está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo.

“El gobernador se desentiende de la observancia de la Ley al no presentar las modificaciones a las que lo obligaba el artículo quinto transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos 2017”, apuntó el representante popular de Coatzacoalcos.

Además, Cruz Malpica cuestionó que Yunes pretenda con la exposición de un power point ante la Comisión de Hacienda por parte de la titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero, denominado “Propuesta de Ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017”, que el Congreso apruebe una situación tan seria como lo es el presupuesto de egresos de una entidad federativa.

El legislador lopezobradorista dijo que “es claro que el gobernador pretende hacer lo que quiera con el dinero público, en un año electoral, lo que resulta doblemente cuestionable y que debilita su credibilidad institucional”.

El coordinador del grupo legislativo de MORENA recordó que los secretarios de despacho de las diferentes dependencias, como lo marca el decreto respectivo y un acuerdo del Congreso, se presentaron a reuniones con los diputados de las Comisiones correspondientes para explicar las propuestas de ajustes, y que lo mismo hicieron los titulares de los organismos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, pero que los trabajos de estas reuniones fueron anulados en los hechos por el último oficio del gobernador.