El expresidente Felipe Calderón nuevamente anda en campaña, no para él, sino para los candidatos de su partido, el PAN, a la gubernatura.

Este domingo 26 estuvo en Saltillo, Coahuila, donde en un mitin de apoyo al abanderado panista Guillermo Anaya acusó que cuando el exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, gobernaba esa entidad, “todos, todos los cabecillas de ‘Los Zetas’ vivían cómodamente en el estado”, y que el entonces mandatario estatal del tricolor le llamó para exigirle la salida de los marinos, aduciéndole que ahí no tienen mar.

“Cuando vinieron los marinos del gobierno federal a defender a las familias coahuilenses, a defenderlas de la inseguridad, del secuestro, de la extorsión, del abuso, del asesinato, cuando vinieron los marinos a liberar junto con el Ejército mexicano a los coahuilenses de ese yugo, ¿saben qué me dijo el gobernador Humberto Moreira? Me habló muy indignado, que retirara a los marinos de Coahuila, que no tenían que estar aquí, que Coahuila no tenía mar, que sacara a los marinos”, reveló.

Calderón añadió que su administración advirtió que el entonces procurador coahuilense, Jesús Torres Charles, tenía nexos con el crimen organizado, pero que Moreira lo mantuvo en el cargo.

El expresidente aseveró que los principales cabecillas de “Los Zetas” se movían “muy a gusto” por la entidad. “Los principales cabecillas de ‘Los Zetas’, todos vivían en Coahuila. Todos: el ‘Z-40’, ‘El Coss’, el ‘Z- 42’, todos vivían en Coahuila y vivían muy a gusto”, dijo.

¿Si él tenía toda esta información por qué no instruyó entonces a la Procuraduría General de la República para que actuara en consecuencia? ¿No acaso, constitucionalmente, él era también el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a las que sacó a las calles desde diciembre de 2006 al declararle “la guerra” al crimen organizado?

Pero no es la primera vez que de manera cínica Calderón reconoce públicamente que fue omiso para combatir a la delincuencia organizada e inepto para atrapar a los funcionarios corruptos, lo que hace sospechar que sobrepuso los pactos políticos por encima del cumplimiento de un deber legal.

En mayo de 2016, por ejemplo, vino a Veracruz a pedir el voto para Miguel Ángel Yunes Linares, quien había colaborado con él en la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en cuya gestión la Auditoría Superior de la Federación detectó el desvío de más de mil millones de pesos del ISSSTE, así como otros mil 800 millones manejados por el TURISSSTE.

Y es que Calderón dijo ante los miles de simpatizantes de Yunes, que durante su mandato fue descubierta una cuenta bancaria registrada en Xalapa que presuntamente pertenecía al Gobierno del Estado de Veracruz, y en la que extrañamente en un año se depositaron 3 mil 400 millones de pesos para hacer retiros diarios en efectivo. Según apuntó el expresidente, la investigación derivó del caso de los 25 millones de pesos que la Policía Federal decomisó a dos funcionarios estatales el 27 de enero de 2012 en el aeropuerto de Toluca.

Sin embargo, para justificar su inacción, Calderón argumentó que durante su régimen presidencial intentaron castigar el peculado, pero que fueron “atados de manos” por la justicia que incluso los obligó a devolver el dinero incautado, junto con sus respectivos intereses.

¿Acaso habrá que votar en la sucesión presidencial de 2018 por un “desquiciado” –Yunes Linares dixit– como Andrés Manuel López Obrador para que funcionarios corruptos y exgobernantes omisos como Calderón y su “PAN-dilla” sean llamados legalmente a cuentas?