Me perdonarán los escritores Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Alvarado por tomar prestado el título de su libro de reciente aparición para encabezar esta columna. Comparto con los lectores de Imagen de Veracruz la difusión de sus ideas e investigaciones, presentadas en el puerto de Tuxpan el pasado viernes.

El libro presenta otro ángulo de la historia aún no concluida de los trágicos y lamentables acontecimientos que hoy se conmemoran con múltiples actividades por todo el país, en la que perdieron la vida 3 normalistas y desaparecieron 43 más, todos ellos de la escuela Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, poblado del municipio de Iguala, Guerrero.

La tesis audaz del libro es que detrás de los terribles sucesos de Iguala, hay una historia oculta que explica por qué la saña desatada contra los estudiantes normalistas y cómo ésta obedece al contubernio entre el crimen organizado, empresas mineras y cuerpos de seguridad del estado asentados en esos territorios, lo cual deriva, al final, en la configuración de un crimen de Estado, en la categoría de lesa humanidad.

A estas alturas, ya la mayoría de los mexicanos no se tragan la famosa “verdad histórica” con la que el gobierno de Peña Nieto y el exprocurador general de la República, Murillo Karam, quisieron concluir y cerrar este negro capítulo de nuestra historia.

Hacerlo ver como la simple conspiración entre bandas criminales de la región con las autoridades locales, municipales, y la extinción de los normalistas cremados en el basurero de Cocula, se ha convertido en una “mentira histórica” de proporciones descomunales tan grande como la pira que inventaron en dicho basurero.

Ya la sospecha de que algo más grande está detrás lo da la misma proporción del engaño que se quiere hacer. Las conclusiones del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentadas el 24 de abril pasado, ya daban cuenta del interés del Estado mexicano de evitar a toda costa que se revise el papel de los mandos del Ejército y los cuarteles militares de la zona, porque al hacerlo, sin duda, se comprobaría que hubo un papel mucho más activo, previo y deliberado, de lo que se quiere admitir, y que no sólo hubo un problema de omisión del gobierno federal, sino un conocimiento puntual de todo lo sucedido, al grado de tener una responsabilidad central en el desenlace trágico de lo acontecido en Iguala.

La participación del régimen en actividades represivas ha sido documentada en múltiples ocasiones. No sería la única vez en que se ve, lamentablemente, la conducción criminal de nuestro ejército hacia acciones represivas, con la finalidad de salvaguardar zonas económicas de interés de particulares.

En el libro se establece que el asesinato de Julio César Mondragón, en las primeras horas del 27 de septiembre, encontrado torturado y desollado a 400 metros del C4 (Centro de Comando, Comunicación y Cómputo de Iguala), punto de coordinación entre instancias municipales, estatales y federales de seguridad pública, no es un acto casual o que se haya escapado del control de los captores, “era lo que sus verdugos querían: una lección de terror visual”.

De igual manera, la represión premeditada contra los estudiantes de Ayotzinapa y su secuestro, era lo que sus autores intelectuales y materiales querían: una lección para que se alejaran de la lucha por mejorar sus condiciones de estudio, porque en esa lucha aglutinaban el descontento de muchos pobladores en contra de la política de expoliación y devastación que llevan a cabo las empresas mineras, las que han conformado un cinturón de explotación de oro, titanio y uranio, que abarca prácticamente toda la tierra caliente de Guerrero, Michoacán y el estado de México, y que se encuentra protegida tanto por bandas criminales como por mandos del ejército.

Esa es la guerra que nos ocultan. Por ello, a 2 años de Ayotzinapa, sigue abierta la herida y no ha lugar a la verdad. La exigencia sigue vigente: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los lectores tienen la palabra.