Existe honda preocupación entre funcionarios y exmiembros del gabinete duartista sobre las denuncias que podrían presentar los candidatos al gobierno de Veracruz como lema de campaña. A fin de que crean en sus propuestas no es necesario que sean gobernadores electos o constitucionales, sino que deben exigir que se ejerza la ley y castigar aquellos servidores públicos que saquearon al estado.

Eso ha motivado a varios diputados federales y funcionarios que trabajaron en el gobierno estatal que están vendiendo inmuebles, vehículos y hasta aparentes negocios privados, así como concesiones obtenidas con recursos públicos. Una confiscación a estas alturas otorgaría un ambiente muy favorable para los aspirantes a puestos de elección del partido tricolor.

Urge anticiparse para requisar la especie de remate de ventas nocturnas o el del “Buen Fin” donde sacan los funcionarios todos aquellos bienes o pertenencias que se pueden investigar como liquidación sexenal del término de la administración estatal.

La lista es larga y es la prueba de fuego de los aspirantes, Héctor Yunes Landa , Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitláhuac García, Armando Méndez de la Luz y Juan Bueno Torio que presenten sus acusaciones con nombres y apellidos que implica que lo que ofrecen en campaña lo van a cumplir.

Si quieren que los ciudadanos voten por ellos, deben realizar estos actos de justicia antes de las elecciones y no lo que siempre ocurre, cuando llegan al poder por los compromisos políticos o las componendas económicas permiten que continué la impunidad existente.

Es la solución adecuada para el precandidato priista Héctor Yunes Landa, quien debe provocar y exigir el cambio del gobierno estatal que afecta seriamente sus posibilidades electorales y llevar a la cárcel a tres o más peces gordos que avalen su compromiso de que a va a limpiar la casa. Sacudirse la sombra del nefasto fidelismo, no obstante que el cónsul cuenqueño asegura que es posición suya esa candidatura gestionada en las cúpulas del poder federal.

Lo que esperan los ciudadanos veracruzanos son resultados inmediatos y con el tema del conflicto universitario los candidatos a la gubernatura deberán tomar una posición definida.

Investigan a Bermúdez

Al parecer atendiendo recomendaciones del centro, el gobernador Javier Duarte de Ochoa planea hacer cambios sustanciales dentro del equipo de seguridad, ya que se maneja que la PGR está investigando al titular de esa Secretaría, Arturo Bermúdez Zurita, por ser el único jefe del delegado policíaco, Marco Conde Hernández, quien está acusado de participación en la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca.

La presión viene de las altas esferas del poder atendiendo peticiones hechas por los propios cuadros políticos nacionales y estatales del PRI.

Para Duarte de Ochoa le resulta complicado, ya que se trata de una de las personas de mayor confianza y afecto hacia este funcionario.

Es considerado como uno de los intocables desde que llegó como auxiliar del subsecretario Sergio Maya Alemán.