Es una costosa campaña publicitaria organizada por asociaciones católicas con el fin de penalizar el aborto, quienes aprovechando los tiempos electorales pretenden que en el estado de Veracruz, las mujeres pierdan el derecho elemental de decidir sobre su propio cuerpo.

Es tan absurda la propuesta que contraviene lo que está establecido por las leyes de la gran mayoría de los países del mundo. Quien puede ejercer una penalidad cuando se quiere castigar una libertad.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Yadira Hidalgo, detecta que existe una confabulación extraña y delicada en estos tiempos electorales, que se intenten dar marcha atrás a las leyes que ya fueron ampliamente discutidas que tratan de violentar los derechos de las mujeres.

En el marco de los derechos elementales de los seres humanos está la libertad de decidir. Máxime que se trata del cuerpo de uno mismo.

El derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada persona puede coexistir con el arbitrio de los demás de acuerdo a una ley universal para ejercer la libertad.


¿Qué les pasa?

No hay explicación que se gaste el 80 por ciento en la nómina del presupuesto de la Universidad Veracruzana cuando afirma el vicerrector Jorge Andaverde Arredondo que en la zona sur existen 500 catedráticos para una población estudiantil de 6 mil 500 alumnos, es decir que hay un maestro por cada trece alumnos.

Ni en una costosa escuela privada se dan ese lujo de tener tan pocos estudiantes en cada aula. Parecieran clases particulares por materia.

Las universidades públicas a partir de este año están obligadas a rendir cuentas sobre la correcta aplicación de los recursos que el Estado les concede.


Por eso no aplaudieron

No hay comentarista de medios de comunicación que no cuestione la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de nombrar a un empleado suyo como secretario de la Función Pública que lo investigue si existe un conflicto de intereses en las operaciones realizadas con una empresa constructora del Grupo Higa, que ha sido favorecida con las más importantes obras públicas y contratos durante su administración como gobernador del Estado de México y como actual presidente de la República.

Dicha Secretaría de la Función Pública fue cerrada precisamente por su inoperancia e ineficiente en su quehacer de cuidar y proteger el uso racional de los recursos públicos. Es similar al Orfis del estado de Veracruz.

Aunado que no existe dentro del esquema de la jurisprudencia del país el delito del conflicto de intereses. Y para colmo nombrar personalmente al abogado del ITAM, Virgilio Andrade Martínez, una persona que ya laboraba dentro de su gobierno como titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía. Era el representante del PRI en el IFE. Es hijo de Virgilio Andrade Palacios, el abogado defensor del líder petrolero más corrupto que ha existido en Pemex, Carlos Romero Deschamps.

¿ Con esos antecedentes, qué se puede esperar?