Este jueves 18, si es que de última hora no hay
cambio en la agenda legislativa, el Congreso
local discutirá y votará la iniciativa de reforma
política-electoral que hace una semana envió el
gobernador Javier Duarte de Ochoa, la cual ha
generado reacciones encontradas inclusive al
interior del priismo veracruzano por la propuesta
de elegir en 2016, por única ocasión, al próximo
titular del Poder Ejecutivo del estado para una
administración de solo dos años, con el propósito
de hacer concurrente la siguiente sucesión gubernamental
con la elección de diputados federales,
senadores y presidente de la República a partir
de 2018.
Coincidentemente, los primeros en descalificar
y rechazar este proyecto de reforma fueron los
senadores del PRI, José Francisco Yunes Zorrilla
y Héctor Yunes Landa, así como el panista Miguel
Ángel Yunes Linares, los tres obsesionados
por gobernar a Veracruz durante un sexenio,
razón por la que consideraron que la propuesta
de Duarte es “simplista”, “cortoplacista”, “imprudente”,
“insensata”, “inoportuna, inconsecuente y
lesiva” para la economía, la seguridad ciudadana
y la gobernabilidad del estado ante el contexto
financiero y político nacional.
Y es que Yunes Linares ya fue candidato del
PAN a gobernador en 2010 y desde entonces no
ha dejado de recorrer el estado y publicitarse
en algunos medios de comunicación, mientras
que los priistas Yunes Zorrilla y Yunes Landa
mantienen desde hace un año un fuerte activismo
por toda la entidad para posicionarse en la
preferencia de la militancia del partido tricolor y
de la ciudadanía, apostándole a las encuestas que
presuponen serán determinantes para definir la
nominación del Revolucionario Institucional
en 2016.
¿Cuánto llevarán invertido hasta el momento
estos aspirantes a la gubernatura en su promoción
personal? Un buen punto a su favor sería
que transparentaran sus gastos y que dieran a
conocer la lista de sus patrocinadores, los cuales
no solamente les prestan helicópteros, aviones,
camionetas sino que les financian también
comidas para cientos y miles de simpatizantes;
renta de salones y hoteles, y hasta el sueldo de
operadores políticos que no están enchufados
a las nóminas del gobierno estatal, de algún
ayuntamiento veracruzano o del Senado de la
República.
¿Qué clase de financiadores serán? ¿Constructores,
contratistas y proveedores de qué?
¿Por esos sus candidatos no quieren una gubernatura
de dos sino de cinco años para recuperar
lo que les han invertido? Sería pertinente saberlo,
sobre todo ahora que la esposa del presidente Enrique
Peña Nieto, Angélica Rivera, y el secretario
de Hacienda, Luis Videgaray, han sido colocados
en el ojo del huracán por las fastuosas mansiones
que en transacciones sospechosas obtuvieron de
Juan Armando Hinojosa Cantú, un empresario
favorecido con obras multimillonarias asignadas
por el jefe del Ejecutivo federal desde que gobernaba
el Estado de México.
Pero, en realidad, el “contratismo” no es
privativo de los candidatos y gobiernos priistas.
Desde que la alternancia en la Presidencia de la
República se instauró en México, este mismo mal
persigue a los gobernantes de todos los partidos
políticos. En el Distrito Federal, por ejemplo,
donde el PRD gobierna desde 1997, aún se recuerda
el caso del empresario de origen argentino
Carlos Ahumada, el cual sigue reclamando a los
dirigentes del partido del sol azteca la millonada
que supuestamente les “prestó” para financiar
las campañas de sus candidatos en la sucesión
presidencial del 2000, mismo año en que al PAN
le estalló el escándalo de los llamados “Amigos
de Fox”, un cuestionado comité de financiamiento
que apoyó al exgobernador de Guanajuato,
Vicente Fox Quesada, y del cual formó parte el
empresario cordobés y actual diputado federal
Juan Bueno Torio, otro aspirante a la gubernatura
de Veracruz y también opositor a la reforma
electoral duartista, no obstante que su correligionario,
el diputado local Julen Rementería, fue
quien propuso originalmente empatar en 2018 la
elección federal con la de gobernador.
A estos intereses particulares pareció referirse
el gobernador Javier Duarte en la conferencia
de prensa que ofreció el pasado lunes 15,
en la que al preguntársele sobre los argumentos
esgrimidos por los aspirantes a la gubernatura
que rechazan una administración transitoria
de dos años, respondió: “No hay que confundir
proyectos personales o de grupo con la agenda del
estado. En Veracruz vivimos casi 8 millones de
habitantes, todos igualmente valiosos. Entiendo
que hay aspiraciones que se han hecho inclusive
públicas en torno a lo que es la participación en
la próxima elección al gobierno de Veracruz, pero
(…) la agenda de los veracruzanos es más allá de
un proyecto personal”.
Y refirió que el PAN ya apoyó y aprobó una
reforma en esta materia en el estado de Puebla,
y que sería “verdaderamente contradictorio
decir que esa misma iniciativa es dañina para
Veracruz, cuando es exactamente el mismo caso”.
Al reiterar que consideró mejor elegir en
2016 un gobernador de dos años para empatar
en 2018 la elección de su sucesor con la del próximo
presidente de la República, Duarte de Ochoa
esgrimió: “Lejos de desacelerar y desincentivar
las inversiones y la economía, las fortalece, ya que
estamos alineados los gobiernos en las inversiones
públicas y privadas que vienen aparejadas”.
En cambio, expuso que si la gubernatura fuese
de cinco años –tal como lo proponen los Yunes
del PRI y PAN–, la siguiente elección del jefe del
Poder Ejecutivo estatal concurriría en 2021 solo
con la renovación de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, cuando la administración
del gobierno federal ya está cerrando.