Por Raymundo Jiménez
Columna: Al pie de la letra
'Joserra'
2014-12-01 | 09:45:49
Entrevistado acerca de la propuesta
del presidente Enrique Peña Nieto de
promover la desaparición de las policías
municipales, el diputado local José
Ramón Gutiérrez de Velasco, quien preside
la Comisión de Seguridad Pública
en la LXIII Legislatura, declaró que
en Veracruz cerca de cien alcaldes de
municipios pequeños son los que más
se oponen a la entrega de las policías
porque “para ellos es como un espacio
de control, de poder y de negocio” y que
a “algunos hasta les sirve para coludirse
con delincuentes”.
Pero “Joserra” parece ignorar que
el crimen organizado no solo ha cooptado
las policías municipales sino que
también ha penetrado hasta los círculos
financieros.
Hace seis años, por ejemplo, explotó
un escándalo por los nexos del Cártel de
Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán,
con la Casa de Cambio Puebla,
fundada en 1985 y de cuyos 18 socios,
hasta el sexenio anterior, José Ramón y
su familia –su esposa Claudia Beltrami
Mantecón, su padre Carlos Gutiérrez
de Velasco Olivier, y su hermano José
Antonio Gutiérrez de Velasco y Hoyos–
poseían el 11 por ciento del total de las
acciones.
En septiembre de 2008, el diario
capitalino “El Universal” publicó que
el avión privado Grumman Gulfstream
con matrícula N987SA utilizado por la
CIA para vuelos clandestinos con presuntos
terroristas a la Base Militar de
Guantánamo, Cuba, y que un año atrás,
el 24 de septiembre de 2007, se había estrellado
en Yucatán con 3.7 toneladas de
cocaína procedente de Colombia, había
sido adquirido por “El Chapo” Guzmán
a través de la Casa de Cambio Puebla,
S.A. de C. V., según reportes generados
por la Agencia Antidrogas (DEA) de los
Estados Unidos y de la Procuraduría
General de la República. La nota agregaba
que el 16 de septiembre de 2007
–una semana antes de ese accidente–,
el estadounidense Clyde O´Connor había
pagado 2 millones de dólares por la
aeronave.
A pesar de los indicios de operaciones
ilícitas entre 2004 y 2007, Casa de
Cambio Puebla había seguido operando
sin mayor restricción, con la evidente
tolerancia de los gobiernos federales
del PAN.
Sobre la relación de la Casa de
Cambio Puebla con el narcotráfico, un
primer indicio se dio el 25 de enero de
2004, cuando las autoridades de Guatemala
aseguraron en las inmediaciones
del río Usumacinta un avión King Air
200 con dos toneladas de cocaína. La
segunda vez fue el 11 de septiembre de
2005, cuando el ejército de Colombia
persiguió y aseguró en la Isla de San
Andrés, en aquel país sudamericano,
el avión con matrícula N193A, cargado
con mil 300 kilos de cocaína.
La aeronave había sido adquirida
en 415 mil dólares, financiamiento que
también salió de Casa de Cambio Puebla
triangulada a través del fideicomiso
Powell Aircraft Title Services.
Las investigaciones rastrearon
transferencias de fondos liquidadas
en efectivo en diversas sucursales de la
Casa de Cambio Puebla para adquirir
bienes utilizados en actividades ilícitas,
como el avión DC9, matrícula N900SA,
decomisado en Campeche el 10 de abril
de 2006, con 5.6 toneladas de cocaína
procedente de Venezuela. También se
vinculó a esas transferencias la adquisición
de la aeronave Grumman,
matrícula N987SA, que se estrelló en
Yucatán el 24 de septiembre de 2006,
la cual transportaba 3.7 toneladas de
cocaína.
Según la investigación de la DEA,
el avión King Air 200 que el 28 de diciembre
de 2007 aterrizó en Cuernavaca
y logró desembarcar cocaína, fue
adquirido por las empresas grupo ETPB
mercantil, JOCAFE y grupo RAHERO,
mediante transferencias por 1 millón
049 mil 773 dólares.
La DEA detectó diez transacciones
relativas a la compra de la aeronave,
realizadas a cargo de Juan Granados,
Fernando Camargo, Raquel Aguirre y
María Aurelia Trejo –al parecer colombianos–
a través de la empresa Powell
Aircraft Title Services, según se consigna
en el oficio MX-08-0115.
Ante tales evidencias, la Secretaría
de Hacienda, con opinión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
determinó notificar a Casa de Cambio
Puebla, S.A. de C. V., el inicio del procedimiento
para revocar su autorización
para operar como Casa de Cambio. El 8
de noviembre de 2007, agentes federales
detuvieron a Pedro Alfonso Alatorre
Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui,
(a) “El Piri”, señalado por la PGR como el
presunto operador financiero del Cártel
de Sinaloa. Una investigación federal lo
vinculó con una red que “blanqueaba”
dinero del narcotráfico en Casas de
Cambio ubicadas en Puebla y el DF.
Precisamente por su relación con “El
Piri”, Ricardo McGregor tuvo que renunciar
en enero de 2008 como jefe del
Estado Mayor de la Policía Judicial del
DF, pues según la Averiguación Previa
PGR/SIEDO/UEIDCS/023/2008 su
nombre figuraba en una narconómina
de 45 mandos y agentes que presuntamente
brindaban protección a los
Beltrán Leyva, entonces aliados de “El
Chapo” Guzmán.
En junio de 2007 varios medios
difundieron que la DEA había “congelado”
23 cuentas del Wakovia Bank, de
Miami, por un monto de 11 millones de
dólares de la Casa de Cambio Puebla
por presunto “lavado de dinero”. Por
esta situación clientes como la naviera
Hapag Lloyd retiraron sus inversiones
de dicha institución financiera.
El 13 de octubre de 2007, basado en
documentos oficiales de la Secretaría
de Hacienda, “El Universal” publicó
una lista de ocho Casas de Cambio
que le habrían “lavado” 90 millones
de dólares al empresario chino, naturalizado
mexicano, Zhenli Ye Gon. La
lista era encabezada precisamente por
Casa de Cambio Puebla y Consultoría
Internacional Casa de Cambio. ¿Qué
dirá de esto el ahora diputado “priista”
José Ramón?

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