Ante el descrédito popular en que han
caído últimamente los gobernantes de
los distintos partidos políticos –que van
desde los famosos “moches” que institucionalizaron
los legisladores federales
del PAN hasta el fraude de la Línea 12
del Metro que salpicó a la administración
perredista de Marcelo Ebrard, y
los escándalos recién destapados en el
régimen del presidente Enrique Peña
Nieto, que obligaron al mandatario
priista no solo a cancelar la licitación
del tren rápido México-Querétaro sino
también a que su esposa Angélica Rivera
diera explicaciones públicas y se deshiciera
de la llamada “Casa Blanca” por
un supuesto conflicto de interés–, este
martes 9, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera, le puso
el cascabel al gato al ordenar a todos los
funcionarios de su gabinete que hagan
pública su declaración patrimonial.
El mandatario capitalino dio la orden
ayer durante la presentación del
“Sistema de Transparencia, Rendición
de Cuentas, Prevención y Combate a la
Corrupción de la Ciudad de México”.
“Instruyo a los miembros de mi gabinete
legal, para que en el marco de la ley
y a la brevedad, presenten las versiones
públicas de sus declaraciones patrimoniales
a la Contraloría. Todo el Gabinete
sin excepción. Quien no lo quiera hacer,
pues ya conoce cual será la decisión del
Jefe de Gobierno”, advirtió.
El tema, según explicó posteriormente
Mancera, fue hablado también con los
Jefes Delegacionales y decidieron por
unanimidad secundar la iniciativa, así
como hacer públicas sus declaraciones
patrimoniales.
Ojalá que este buen ejemplo del
perredista que gobierna la Ciudad de
México cundiera en el resto del país y
fuera retomada por los gobernadores
del PRI, PAN y PRD.
La semana anterior comentábamos
aquí, en este mismo espacio periodístico,
lo dicho por el gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, durante la
conferencia de prensa convocada el
pasado martes 2 en las instalaciones
del velódromo. En esa ocasión, aunque
los representantes de los medios de
comunicación fueron invitados para
informarles sobre otro tema muy distinto
y distante, el jefe del Ejecutivo del
estado tuvo que responder sobre las aspiraciones
políticas de algunos de sus
colaboradores que ya comen ansias por
ser postulados a la diputación federal
para el año próximo.
“No, no me han presentado hasta ahora
ninguna renuncia mis colaboradores.
¿Que si me han comentado? Sí, sí hemos
comentado, como lo hacemos de manera
permanente, acerca del panorama político,
social y económico, y en algunos
casos me han comentado su deseo, trayectoria
política y futuro”, comentó para
luego precisar que la definición de estas
candidaturas no es una facultad suya
sino de la dirigencia de su partido, el PRI.
No obstante, Duarte de Ochoa dijo
que se mantendría atento a los tiempos
que marque el Revolucionario Institucional
y a la normatividad que exija. Y
luego expresó: “Lo que sí les he dicho a
todos los que quieran participar es que
tienen que ser muy pulcros en lo que tiene
que ver con su desarrollo, su participación,
cumplir puntualmente con lo que
establece la normatividad para evitar
cualquier situación que pueda afectar
su participación y la propia imagen del
gobierno”.
Sin embargo, ante el manifiesto
hartazgo ciudadano por tanto abuso,
impunidad y corrupción, tal pareciera
que el solo llamado del mandatario veracruzano
a una obligada pulcritud no
sería suficiente para sus colaboradores,
muy cuestionados en su mayoría por su
acelerado e inexplicable enriquecimiento.
Otros más, como los secretarios de
Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes,
y de Educación, Adolfo Mota Hernández,
ya tienen en su contra sendas
denuncias ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) por actos anticipados
de precampaña y por el presunto uso
de recursos públicos para su promoción
personal.
Así que haría bien el gobernador
Javier Duarte en secundar al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para
que además de exigirles pulcritud en su
comportamiento como servidores públicos
les ordene transparentar todos los
bienes patrimoniales que han adquirido
en los últimos diez años, lapso en que
muchos de ellos ocuparon cargos relevantes,
primero en la administración
del gobernador Fidel Herrera Beltrán
(2004-2010) y luego en la presente gestión
duartista, amasando cuantiosas e
inexplicables fortunas.
Sería una buena decisión del mandatario
estatal priista que además políticamente
blindaría de toda duda y sospecha
a sus colaboradores que antes de que
finalice este año habrán de renunciar a
sus puestos en el gobierno del estado para
estar en condiciones legales de contender
en el proceso interno del PRI como
precandidatos a la diputación federal.
¿O con qué cara irá el secretario de
Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín,
a solicitar primero el voto de la militancia
priista del distrito electoral federal
de San Andrés Tuxtla, cuando su propio
padre, Jorge Carvallo Hernández,
ha sido el principal crítico del súbito
enriquecimiento de su hijo a partir de
que llegó a Veracruz en el gobierno de
Herrera Beltrán?
Y en esa misma situación, tan incómoda
como cuestionable, se ubicarían
también otros aspirantes a candidatos
priistas, como el exsubsecretario de Administración
y Finanzas, Gabriel Deantes
Ramos, que pretende ser nominado
por ¡Zongolica!, y el exOficial Mayor de
la Secretaría de Educación de Veracruz,
Edgar Spinoso Carrera, quien se perfila
por el distrito de Martínez de la Torre,
no obstante que ambos fueron cesados y
linchados mediáticamente hace apenas
nueve meses.