Cada vez más, el presidente Enrique
Peña Nieto parece emular al “Chavo
del 8”, el popular personaje creado y
protagonizado por el comediante de
Televisa recién fallecido Roberto Gómez
Bolaños, “Chespirito”.
Y es que al atribulado mandatario
mexicano últimamente no sólo se le
“chispotean” algunas desafortunadas
expresiones como esa de que “todos
somos Ayotzinapa” –que enardeció
aún más a los familiares, estudiantes
y a la sociedad en general que siguen
exigiendo justicia y la aparición de
los 43 normalistas desaparecidos de
Guerrero, lo que inclusive le valió que
la actriz y economista Ana Colchero
lo calificara de “hijo de puta” en las
redes sociales–, sino que ahora, con su
polémica propuesta de reforma constitucional
que acaba de enviar al Senado
para desaparecer las mil 800 policías
municipales y entregar el control de la
seguridad a los gobernadores a través
del Mando Único de Policía Estatal,
seguramente Peña va a terminar por
responder a sus más reacios opositores,
entre ellos a los legisladores del PAN:
“es que no me comprenden”.
¿Por qué? Pues porque paradójicamente
el año pasado, a propuesta del
PAN, se creó el nuevo Instituto Nacional
Electoral (INE) precisamente para
restarles poder a los gobernadores, despojándolos
en esa ocasión del control de
los órganos electorales locales y hasta
de la designación de los magistrados
electorales de cada entidad federativa,
atribución que a partir de entonces le
fue transferido a los miembros del Senado
de la República; sin embargo, los
mandatarios estatales acaban de ser
empoderados de nueva cuenta por Peña
Nieto, ya que ahora en su iniciativa presidencial
se establece que los Ejecutivos
de cada estado podrán asumir el mando
de las policías municipales en casos
de alteración del orden, fuerza mayor
o cuando considere “que la situación lo
amerita”, además de que en el articulado
se contempla que los municipios
paguen a los gobiernos estatales por el
servicio de seguridad pública.
“Los municipios deberán realizar
las aportaciones a los estados, en los
términos que determinen sus leyes,
para la realización de esta función”,
ordena la nueva disposición presidencial
que deberá aprobar la Cámara alta
del Congreso de la Unión.
Y también detalla que en el régimen
transitorio, los alcaldes deberán entregar
a los gobernadores los presupuestos
y recursos materiales y financieros que
los municipios destinen a la seguridad,
lo que incluye el equipamiento, armamento
y vehículos.
Este nuevo atentado al municipalismo
–como si se ignorara que el origen
de la corrupción y la complicidad de
las policías municipales con los grupos
criminales se debe en buena parte también
a que sus directores, comandantes
y hasta alcaldes actúan con plena
impunidad por la protección que les
brindan legisladores y altos funcionarios
de los gobiernos estatales que a su
vez han recibido favores económicos o
electorales de las mismas bandas delincuenciales–
seguramente va a sacar
chispas en algunas entidades donde los
ediles de oposición están políticamente
muy confrontados con los gobernantes
locales.
En el caso de Veracruz, por ejemplo,
habrá que ver cómo reacciona el alcalde
panista de Boca del Río, Miguel Ángel
Yunes Márquez, ante esta polémica
disposición presidencial que inicialmente,
“por tratarse de entidades que
tienen la mayor urgencia de atención”,
comenzará a aplicarse de manera
paulatina en los estados de Guerrero,
Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
Sin embargo, más temprano que
tarde habrá de aterrizar también en la
entidad veracruzana.
¿A ello se deberá acaso el reciente
cambio de discurso y de actitud que
ha mostrado el primogénito del rijoso
aspirante del PAN a la gubernatura,
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en
las últimas semanas se ha mostrado
mucho más condescendiente hacia el
gobernador priista Javier Duarte?
Este lunes 1 de diciembre, por
ejemplo, Yunes Márquez coincidió con
Duarte de Ochoa en la ceremonia de
cambio de mando de la Sexta Región
Militar efectuada en la sede castrense
de La Boticaria, donde rindió protesta
como nuevo comandante Martín
Cordero Luqueño, en sustitución del
también general divisionario Genaro
Fausto Lozano Espinosa, el cual, dos
días antes, en una comida ofrecida
en el Hospital Militar de San Carlos,
había recibido del mandatario estatal
la “Medalla Veracruz” por considerarlo
un “ejemplo para todos en una de las
encomiendas más altas que puede recibir
un mexicano: defender a la Nación
y servir a su pueblo”.
Por cierto, el sucesor de Lozano Espinosa
llegó a la entidad veracruzana
procedente del estado de Guerrero,
donde en medio del alza en ejecuciones
y hechos de violencia –como la
desaparición masiva de estudiantes en
los municipios de Cocula y de Iguala,
entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa,
un caso cuya gravedad no detectó
a tiempo el aparato de inteligencia
militar y que ha derivado en la peor
crisis política para la administración
del presidente Peña Nieto– fue relevado
por el General de División Diplomado
de Estado Mayor, Alejandro Saavedra
Hernández, como comandante de
la Novena Región Militar, en la que
Cordero Luqueño apenas estaba por
cumplir un año este miércoles 3 de
diciembre.