Aunque la conferencia de prensa de este
martes 2 fue convocada para otro tema
que nada tenía que ver con las aspiraciones
políticas de algunos de sus colaboradores
que ya comen ansias por ser
postulados a la diputación federal para
el año próximo, el gobernador Javier
Duarte de Ochoa tuvo que responder
que “hasta ahora” ninguno de los miembros
de su gabinete le ha presentado su
renuncia.
“No, no me han presentado hasta
ahora ninguna renuncia mis colaboradores.
¿Que si me han comentado? Sí,
sí hemos comentado, como lo hacemos
de manera permanente, acerca del panorama
político, social y económico, y
en algunos casos me han comentado
su deseo, trayectoria política y futuro”,
comentó para luego precisar que la
definición de estas candidaturas no es
una facultad suya sino de la dirigencia
de su partido, el PRI.
No obstante, dijo que se mantendrá
atento a los tiempos que marque
el Revolucionario Institucional y a la
normatividad que exija. Y luego expresó
algo que los aspirantes priistas no
deberían minimizar: “Lo que sí les he
dicho a todos los que quieran participar
es que tienen que ser muy pulcros en lo
que tiene que ver con su desarrollo, su
participación, cumplir puntualmente
con lo que establece la normatividad
para evitar cualquier situación que pueda
afectar su participación y la propia
imagen del gobierno”.
No los mencionó por su nombre,
pero inevitablemente la alusión del
mandatario veracruzano hizo pensar
en sus secretarios de Protección Civil,
Noemí Guzmán Lagunes, y de Educación,
Adolfo Mota Hernández, los
cuales todavía no son candidatos oficiales
y ya tienen en su contra sendas
denuncias ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) por actos anticipados
de precampaña y por el presunto uso de
recursos públicos para su promoción
personal.
La advertencia del gobernador
Duarte a sus colaboradores no debe ser
tomada como un clamor en el desierto,
pues la recomendación del jefe del
Poder Ejecutivo del estado es bastante
comprensible y está más que justificada,
pues solo habría que recordar los
aprietos en que lo metieron durante el
proceso electoral local de 2013 otros
funcionarios, entre ellos el exalcalde
de Boca del Río y a la sazón secretario
de Finanzas y Planeación, Salvador
Manzur Díaz, quien fue grabado durante
una reunión con operadores priistas
en la que se les aleccionaba sobre cómo
capitalizar los programas asistenciales
de la Sedesol federal a favor de los
candidatos a presidentes municipales
y diputados locales del PRI.
Hace un año no solo tuvo que renunciar
Manzur Díaz a la Sefiplan
después del cese del delegado estatal de
la Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández
–quien, por cierto, ahora dicen que
estaría por asumir un relevante cargo
en la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano coincidentemente
después de que su pupilo Ricardo Landa
Cano, exsubsecretario de Gobierno y
exdirigente estatal del PRI, fue “destapado”
hace un mes en Banderilla por
Silvio Lagos Galindo, director general
de Rescate de Espacios Públicos de la
SEDATU, como su candidato a la diputación
por el distrito de Xalapa-Rural,
el mismo por el que Adolfo Mota es perfilado
desde Palacio de Gobierno–, sino
que el mismo Duarte de Ochoa también
estuvo a punto de ser obligado a solicitar
licencia para separarse de la gubernatura
y asumir la Procuraduría Federal del
Consumidor que el 15 de mayo de 2013
quedó acéfala a raíz de la renuncia de
Humberto Benítez Treviño por el escándalo
que protagonizó su prepotente hija
Andrea Benítez, motejada en las redes
sociales como “Lady Profeco”.
En aquella ocasión, la difusión de los
audios en los que se le escuchaba decir
a Chava Manzur que los programas federales
de la Sedesol eran “oro molido”
pusieron también contra la pared al presidente
Enrique Peña Nieto, quien por
la presión de las dirigencias nacionales
del PAN y PRD se vio obligado a firmar
un adendum para salvar el Pacto por
México y así poder sacar en el Congreso
de la Unión, con el apoyo de la oposición,
su paquete de reformas estructurales.
Es más, todavía en julio de este año,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ordenó al INE sancionar
al gobernador Duarte de Ochoa, a su
exsecretario particular Jorge Carvallo
Delfín, actual secretario de Desarrollo
Social y aspirante a la diputación
federal por San Andrés Tuxtla, y al
exsubsecretario de Administración y
Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, por
haber acudido el 4 de abril de 2012, un
día hábil, a una comida organizada para
el entonces candidato presidencial del
PRI, Peña Nieto.
Con una votación dividida de 4
votos contra 3, la Sala Superior del
TRIFE consideró que no bastaba con
que los servidores públicos solicitaran
licencia a su cargo para evadir la prohibición
que establece el artículo 134 de
la Constitución, el cual estipula que los
servidores públicos deberán abstenerse
de desviar recursos públicos a favor
de partidos o candidatos y de realizar
acciones que afecten la neutralidad de
las instituciones.
“La mera solicitud de licencia sin
goce de sueldo, permiso u otra equiparable
para realizar actividades de
naturaleza privada, es insuficiente
para generar una excepción a la regla
general”, señaló en su proyecto el
magistrado ponente Salvador Nava,
al cual se sumó la magistrada María
del Carmen Alanís, quien dijo que
los funcionarios “no tienen por qué
aprovechar su investidura de servidores
públicos para ir a apoyar actos
proselitistas”.
Por eso la advertencia, a tiempo,
de Javier Duarte a sus colaboradores.
Más ahora que el “horno no está para
bollos” luego de la grave crisis política
que enfrenta el presidente Peña Nieto
desde la desaparición de los 43 normalistas
de Guerrero, motivo por el cual el
mexiquense estaría por negociar que
la Fiscalía para Delitos Electorales se
entregara a la oposición, cuyo nombramiento
de su titular está atorado en el
Senado de la República.