Cuando se designó al economista Fernando Charleston como secretario de Finanzas, su grupo de amigos de Coatzacoalcos le auguraron que seguía el mismo camino de Javier Duarte. Es decir, la ruta electoral de diputado federal a la secretaría de Finanzas y de allí a la gubernatura.
Presumían de la nueva generación de jóvenes políticos.
Además al igual que Duarte de Ochoa tendría una poderosa madrina para llegar a ser el primer ejecutivo estatal. De la misma manera que había operado Rosa Borunda para que el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán inclinará su balanza hacia la persona que movía el dinero en el gobierno estatal, ocurriera el hecho de la misma influencia de la señora Karime Macías Tubilla a favor de su amigo de la zona sur de la entidad.
El sueño se esfumó y el egresado del ITAM, Charleston Hernández, regresa en busca de la protección del fuero legislativo. De manera coincidente trascendió la devolución de miles de millones de pesos a la Federación. Las razones que existieron para este nuevo cambio en el revuelto gabinete duartista, da motivo a una confusa y variada serie de especulaciones, que tarde o temprano, deberán de explicar y justificar los propios protagonistas.

Temor a la rapiña burocrática.
A fin de dar un carpetazo a la grilla desatada por ansiosos funcionarios estatales sobre la homologación de las elecciones federales con las locales, el senador José Yunes Zorrilla advierte que sería hasta el 2016 cuando se tendrá que tomar esa decisión.
La disposición constitucional obliga a coincidir solo una de las elecciones locales con el calendario federal. El legislador rechazó las anticipadas pretensiones de una vieja y mañosa clase política que busca la gubernatura de dos años, por la incertidumbre que despierta para futuros inversionistas que no tienen confianza en un período tan corto y que provoca una gran desconfianza por la rapiña burocrática que causa lo temporal de un cargo de servidores públicos.

Ordena Presidencia al senado.
Para que no hubiera errores legales y equívocos administrativos al momento de aprobar la Ley Federal de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, se envió directamente el dictamen de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a la Cámara de Senadores.
No hubo el menor protocolo entre los dos poderes, a fin de guardar las formas. La orden fue por escrito y se utilizó el correo electrónico.
La propuesta enviada desde Los Pinos Favorece a los monopolios de la radio y la televisión, ya que les garantiza los derechos a esas empresas y viola privacidad de los usuarios.
Criminaliza el uso del Internet que resulte incómodo a las autoridades que podrá intervenir las comunicaciones y bajarle el switch a las páginas web sin sin necesitar de ningún ordenamiento de tipo judicial.
150 organizaciones no gubernamentales piden que se garantice la libertad de expresión y los derechos a la información y comunicación de acuerdo a los estándares internacionales.