En pleno siglo XXI, el Colegio de Abogados Laboralistas de Veracruz, A. C., conjuntamente con las organizaciones hermanas: colegio de abogados de Veracruz, A C., Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz A. C., Foro de Licenciados en Derecho de Veracruz, Boca del Río y Medellín, A. C, y Colegio de Licenciados en Derecho Penalistas de Veracruz, A. C., se unen para denunciar los abusos del licenciado Edgar Omar Garza Garza, presidente de la Junta Especial numero 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Veracruz, quien ha venido incurriendo en violaciones de los derechos de las partes que contienden en dicho tribunal, y en especial por vulnerar los derechos humanos tantos de los litigantes, como de los usuarios de esa dependencia federal.

Algunas de las anomalías, se enumeran: No recibe a persona alguna durante el horario de servicio. Simplemente dice que no recibe a nadie, sea el motivo que sea.

No firma las resoluciones de trámites y audiencias, y la mayoría de los laudos igualmente carecen de tal requisito formal, ordenando que lo haga en su lugar el auxiliar de la junta, lo cual es extraño ya que hace suponer que conoce la temeridad de esta situación.

Las audiencias programadas, inician mínimo desde una a dos horas después de las señaladas, además de que sufren retrasos considerables que provocan que los litigantes y asistentes a las audiencias tengamos que soportar esos incalculables retrasos en perjuicio de una mejor productividad y atención de nuestros asuntos, que además, dicho sea de paso, en estricto derecho no es válido celebrar audiencias fuera del horario citado.

Instruyo a su personal que para celebrar un convenio fuera de juicio, se llame por teléfono para solicitar cita o turno, contrario a los principios de inmediatez y de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 constitucional, así como del espíritu conciliatorio que impone la nueva ley federal del trabajo, cuando la naturaleza de los propios convenios, que evitan largos juicios, es aprovechar el momento en que las partes se han puesto de acuerdo y no provocar demoras que puedan frustrar ese ánimo conciliador.

Cuando tomo posesión (01 de abril del 2014), se contaba con una funcionaria conciliadora con experiencia probada, sin embargo, a los pocos días, se dejo de contar con dicha persona especializada y asignada a dicho departamento de conciliación, sin que a la fecha haya gestionado o nombrado a una persona exclusiva que haga dichas funciones primordiales, ya que ni él mismo lo hace, como principal obligado, por el contrario, si alguna de las partes lo llegan a solicitar, y no que la junta los conmine a conciliar como lo señala la nueva ley federal del trabajo, se tiene que distraer la función de los secretarios proyectistas, para que hagan dicha función.

El acceder a consultar los expedientes en trámite, solo se puede hacer cuando está el encargado del archivo, ya que si éste fue comisionado para otras labores fuera de su área de trabajo, las personas que fungen como sus auxiliares, no pueden dar información, ni prestar los expedientes, provocando que sea una odisea de horas o días, el poder consultarlos, contrario a los principios de sencillez e inmediatez del derecho laboral y del servicio público.

Por órdenes del presidente en cuestión, cuando se ha desahogado una audiencia, le piden a los litigantes y a las partes, que se aparten de la mesa de tramite (cuando las audiencias son públicas), y en caso de que no lo hagamos, los secretarios se retiran a zonas privadas para dictar los acuerdos, y es hasta que imprimen las audiencias cuando conocemos lo resuelto, sin que podamos manifestar inconformidad alguna, siendo ello inconcebible.

No omitimos hacer mención que la implementación del programa de recorte presupuestal del plan nacional de desarrollo, a través de la optimización de recursos materiales que se llevan en las entidades públicas y que al caso las juntas especiales federales lo habían logrado ante la redacción de actas de audiencias con el mínimo de hojas, ello se ha visto deteriorado desde la llegada del actual presidente de la junta especial no. 45, ya que instruyo de inmediato a todo su personal, que el tamaño de letra y espacios en todas las audiencias y diligencias en general se realicen en el tipo de letra y tamaño en que se encuentra redactado este párrafo, lo que provoca un volumen muy elevado de uso de hojas diariamente.

También por instrucciones del multicitado funcionario, actualmente a los actuarios no se les prestan los expedientes para realizar las diligencias de desahogo de pruebas (cotejos, inspecciones, reinstalaciones, notificaciones de acuerdos en general o emplazamientos) lo que evidentemente deja a las partes en estado de indefensión, pues aun teniendo personalidad no pueden imponerse de los autos originales del expediente y en su caso manifestar lo que convenga a sus intereses.

Con fecha 14 de mayo del 2014, por instrucciones del funcionario, ordenó el retiro de las sillas que en el área de la antesala existían, muchas de ellas donadas por los propios litigantes, y que bajo el argumento de que así, los profesionistas y las propias partes, permanecerían menor tiempo en el interior de las instalaciones, ya que según sus propias palabras “su tiempo es muy valioso”, asegurando que tiene ocupaciones más importantes que la de atender a la gente; lo anterior sin importarle que en dicho lugar, el setenta por ciento de la concurrencia son personas de la tercera edad, jubilados, trabajadores con padecimientos de capacidades orgánicas y otros que se les dificulta su ingreso y estancia por las horas tan prolongadas que deben permanecer por razones de procedimiento de sus controversias laborales, lo cual ha derivado que se deban sentarse en el suelo del multicitado tribunal laboral ante su postura discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y la dignidad de cada una de las personas antes mencionadas, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra constitución, en relación con el artículo 2° de la ley federal del trabajo vigente.


Se hizo la denuncia al licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Prevision Social del gobierno federal, y al licenciado. Diódoro José Siller Arguello, presidente de la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, pero no se dio respuesta a la queja de los abogados veracruzanos, por lo que sé acudirá al presidente Enrique Peña Nieto. Así las cosas