La credibilidad de diputados del PRI y Nueva Alianza se podría ver más que mermada con el caso del desafuero de la alcaldesa de Alvarado Sara Luz Herrera Cano por su presunta participación intelectual en el asesinato de su secretario particular Michel Martínez.
Y es que un trío conformado por los priistas Raúl Zarrabal, Tonatiuh Pola y Juan René Chiunti del PANAL, finalmente aliado del tricolor, están haciendo todo por lograr que ese partido pierda aún más el respeto ciudadano. Esta tercia, ha sido señalada constantemente de dar cobijo a la alcaldesa de la siguiente forma. Zarrabal Ferat beneficiado de la mano de la presidenta polémica con obra pública al igual que Chiunti y en el caso del exconductor de Televisa Veracruz, fue su director de relaciones públicas con la prensa porteña en su primer año de presidenta municipal.
Para muestra de la cofradía entre los legisladores, el día de la comparecencia del secretario de Gobierno, Erick Lagos, con motivo de la glosa por el tercer Informe de gobierno, el diputado Chiunti ayudó a la alcaldesa a salir por el estacionamiento privado, al que sólo tienen acceso los diputados, junto con el personal de primer nivel e invitados especiales. Algo así como cuando en septiembre del 2010 el diputado michoacano, señalado por la PGR de ser parte del grupo delincuencia la Familia, Julio César Godoy Toscano entró custodiado por el priista Rubén Moreira. Obviamente la prensa fue lo primero a evadir.
Aquí el legislador Chuinti antepone sus intereses a la institucionalidad y a darle cumplimiento al mandato duartista de cero tolerancia. A qué le juega el diputado, se preguntan sus compañeros de bancada. Por un lado el diputadito, exalcalde de Cosamaloapan protege a una sospechosa alcaldesa y por otro, se entrega en la comparecencia al secretario de Gobierno, Erik Lagos, al que se le puso de tapete.
Y es que en su intervención no solo salió a hablar del buen manejo de la gobernabilidad, y lo único que expuso como ingobernabilidad fue la posible debacle del precio de la caña, donde realmente no es bandera política por los pequeños productores de la cuenca, sino más bien es una preocupación por las grandes extensiones cañeras de magnates como Juan Carlos Molina, Tomás Carrillo, de paso la exdiputada Zamorano y por supuesto de su propiedad.
El tema se recrudece cuando existen versiones encontradas de que Delia Ortiz, exalcaldesa, progenitora política de “Sarita” ha generado interpretaciones contradictorias de los hechos del asesinato del exfuncionario municipal y la autoría intelectual.
El asunto ya se está extendiendo hasta el gabinete y algo que podría ser muy delicado, es la versión de que Mario Domínguez, director de la AVI, cuenqueño también, exalcalde de Acula, estaría solicitando 800 mil pesos para cambiar el contenido de las declaraciones e investigaciones, aún cuando no es su función pero más que conocedor del tema, pues por si no se recuerda, Delfín Domínguez antes de ser fiscal para protección de periodistas y presidente municipal fue Ministerio Público en Veracruz. Lo que se comprobarse sería sin duda una rayita más para el procurador de Justicia.
En un pronunciamiento de denuncia la indiciada Delia Ortíz, quien la semana pasada estuvo por Xalapa, donde su presencia y comentarios además de entorpecer el seguimiento del desafuero, generaron suspicacia sobre los personajes de la política que podrían estar detrás del complicado caso donde la percepción es que ha dejado enfriar el tema.
Uno de los objetivos sin dudas es arremeter contra Amadeo Flores Espinosa, el procurador de justicia que más de una vez se ha visto en la tablita. Y quien en caso de no lograr el desafuero en los quince días que quedan de gobierno municipal, tendrá que echar toda su caballería encima de la seguramente prófuga alcaldesa. De lo contrario, el procurador no tendría más remedio que renunciar, pues sería un fracaso haber promovido el desafuero sin éxito judicial.
Amadeo queda solo en medio de una legislatura saliente y entrante, con sus argumentos invalidados por los mismos priistas. Al menos pareciera que eso pretenden el trío traidor de Zarrabal, Chiunti y Pola.
El reducido grupo de panistas del Congreso de Veracruz han consensado respaldar la propuesta del Procurador, mientras que la mayoría arrasadora del PRI y sus partidos aliados, se mantienen al margen. Y es que las complicidades vendrían desde la pasada legislatura con la intromisión de Flavino Ríos Alvarado, Anabel Ponce, Elena Zamorano y Eduardo Andrade. El diputado local y presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Juan Manuel Velázquez Yunes, sostiene que la intención del Congreso y de la Comisión legislativa que preside es que se emita el dictamen, sin embargo el también primo del senador José Yunes siempre no precisa fechas. Y por el contrario, en más de una ocasión se le ha dado voz a la alcaldesa.-
Mientras que se espera que el jueves de esta semana se someta a votación la solicitud de desafuero la alcaldesa pidió al congreso la autorización para endrogarse con un préstamo de ocho millones de pesos sólo para cubrir nómina, aguinaldo, proveedores y energía eléctrica. Lo que implica que la calidad moral y administrativa de Herrera no está en duda, pero lamentablemente en un gobierno lleno de irregularidades.
El pago de nómina mensual representa al Ayuntamiento de Alvarado un gasto anual de 38 millones 400 mil pesos. Es decir, unos 3.2 millones de pesos al mes, además de los gastos de representación de ediles y la operatividad del palacio municipal de acuerdo a información proporcionada por Raquel García, actual tesorera del municipio Alvaradeño, quien se asegura se ha dedicado a filtrar la información del manejo de los números de la gestión de la polémica alcaldesa pues una vez que ve el fuego cerca no quiere chamuscarse.
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